Dictan arresto domiciliario de policías imputados por coima

La oficial Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial Cemión Arce Mendoza, ambos agentes policiales de la Comisaría 3ª de Asunción, procesados por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de libertad, en calidad de coautores, abandonaron la cárcel y guardan arresto domiciliario por orden de un Tribunal de Apelación.

La oficial Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial Cemión Arce Mendoza, en sede fiscal tras ser detenidos.
La oficial Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial Cemión Arce Mendoza, en sede fiscal tras ser detenidos.Gentileza

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El juez de Garantías José Delmás había ratificado la prisión preventiva de los policías Evelyng Jazmín Núñez González y Cemión Arce Mendoza, pero el tribunal de alzada revocó la decisión y ordenó que los procesados por supuesta cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad cumplan medidas alternativas. En consecuencia, el magistrado, dictó el arresto domiciliario para ambos agentes.

Ambos tiene prohibición de salir de país, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y no pueden comunicarse entre ellos por ningún medio, tampoco con los efectivos y funcionarios que trabajan en sede de la Comisaría 3ª de Asunción, donde están asignados.

Caso de supuesta coima

Ambos policías fueron detenidos e imputados tras la denuncia presentada por Johana Riveros Saavedra, quien había sido denunciada por supuesto hurto por la empresa “A.M.P. S.A. Club Condesa”, donde trabajaba.

Según la imputación, el 5 de diciembre de 2022 el administrador de la firma se presentó en la Comisaría 3ª y denunció por supuesto hurto a Johana Riveros. La denuncia fue recibida por parte de la oficial Evelyng Jazmín Núñez.

La imputación del fiscal Osmar Legal señala que la uniformada y el suboficial Cemión Arce aprovecharon la denuncia para “fichar” a su víctima, ya que al día siguiente, cuando Riveros Saavedra se dirigía hacia el Ministerio del Trabajo para presentar una denuncia por despido injustificado, fue interceptada por los ahora procesados, quienes estaban en una patrullera.

Los efectivos retuvieron a la mujer por una hora y habrían exigido unos G. 3 millones para liberarla.

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