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El juicio oral al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini prosiguió esta mañana con la declaración de Liduvina Rodríguez Mendieta, presidenta de la firma Cal Agro, que había demandado civilmente por daños y perjuicios y resolución de contrato a la Industria Nacional del Cemento (INC).
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La denunciante se ratificó en que el entonces integrante de la Sala Civil de la Corte le solicitó una suma de dinero para “solucionar” el expediente judicial de la causa.
La testigo puntualizó que luego de que la INC accione en contra de la resolución favorable a Cal Agro, fue que Bajac le recomendó que siga con las negociaciones a fin de lograr un fallo favorable en el litigio judicial con la cementera estatal.
Rodríguez Mendieta dijo que fue convocada por el propio Bajac y se concretó la reunión en el despacho de este. Del encuentro también participó el coacusado Rafael Luis Ramírez Doldán.
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Así como había indicado en su denuncia, la testigo afirmó ante el tribunal que Bajac le solicitó una suma de dinero, a fin de conseguir una resolución favorable a la pretensión de Cal Agro.
El juicio oral y público continuará el viernes 17 de marzo, a las 7:30, con la declaración de más testigos propuestos por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez. El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Rossana Maldonado (presidenta), Juan Francisco Ortiz.
Acusación contra Bajac por supuesta coima
Según la acusación fiscal, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Bajac, entonces ministro de la Corte, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta –esta última dueña de la firma Cal Agro SA– el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la referida empresa contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
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El monto supuestamente solicitado representaba nada menos que US$ 50.000, puntualiza la acusación presentada por los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez.
Según los investigadores, el mismo Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su despacho de la Corte y solicitó a Felipe Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”. Para el efecto, el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió US$ 50.000, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Luis Ramírez con una coima de G. 50 millones. Tras esto, Bajac cambió su voto y lo emitió en contra del empresario denunciante.
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