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La denuncia presentada ante el Ministerio Público es por los presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, que se cometió en perjuicio del patrimonio municipal y que se debe investigar para esclarecer el hecho con la presunta venta irregular de un inmueble municipal, manifestó el titular de la Junta Municipal, Rubén Fernández.
Explicó que los concejales municipales de este municipio, al no expedirse aún sobre la anulación de la resolución municipal N°179/2022, que autoriza al intendente Marcelo Simbrón (ARN) la venta de un inmueble municipal en G.75.924.000 a favor de Sofía Analía Domínguez Pires, pidió que se investigue el presunto daño patrimonial a la Municipalidad local.
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Justificó que en la Junta Municipal para aprobar por unanimidad de sus miembros contó con el informe y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, además del informe del Departamento de Catastro y de Asesoría Jurídica de la Municipalidad local. Al no existir otro documento que recomendara lo contrario, se aprobó la venta del inmueble sobre la calle Emigdio Ayala Báez, casi ruta PY01 y el intendente vendió en el mes de diciembre del 2022.
Sin embargo, posterior a dicho acto de venta, han surgido dudas sobre la legalidad de todo el proceso para adjudicar el inmueble en cuestión, porque que ingresó la solicitud para el barrio San Blas y se aprobó en el barrio San Francisco. Además, el valor del terreno vendido está avaluado en G.722.935.000 y no como aparece en el negociado de G.75.924.000 que concretó el intendente, señala la denuncia.
Para deslindar responsabilidades
El titular del cuerpo legislativo explicó que dentro de la Junta Municipal van dos semanas que se conformó una comisión especial integrado por los concejales María Cristina López(ANR), Edgar Vera y Aragón(ANR) y Gabriel Ramírez(PEN), que debía de emitir un informe sobre el hecho en particular. Sin embargo, uno de sus miembros el concejal Vera y Aragón, pidió prórroga porque también se está solicitando informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones(MOPC) para saber si no les pertenece el inmueble vendido, que de confirmarse sería algo mucho más grave, manifestó el titular del cuerpo legislativo.
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El denunciante aclara que de manera particular inició la denuncia ante el Ministerio Público, porque considera que el proceso de autorización y venta están viciados de hechos irregulares que ameritan la nulidad de la venta del terreno por constituir supuesto hecho punible en perjuicio del erario municipal.
Considera que es evidente que hubo un proceso de hechos punibles, tendientes a consumar el perjuicio patrimonial en detrimento de la Municipalidad local y para lograr se incurrieron presuntamente en la producción de documentos no auténticos.
El problema es de la Junta Municipal
Sobre el tema, el intendente Marcelo Simbrón (ANR), aclaró que la Junta Municipal es la que debe controlar las documentaciones que ingresan y deben estudiar minuciosamente. Si ellos rechazaban la solicitud no se iba poder vender el inmueble.
Respecto al valor del terreno dijo que el valor de terreno municipal es distinto al de un privado y las avaluaciones son diferentes. Si cometieron el error de autorizar algo que no querían, por qué lo hicieron. Agregó que independientemente a dicha situación dijo que aguardará lo que decida la Junta Municipal, mientras, no firmará la transferencia que sigue pendiente, porque la resolución N°179/2022 sigue vigente y autoriza la venta.