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Nuestro diario publicó la existencia de una carta de compromiso donde se afirma que el 13 de junio de 2016, “por escritura pública Nro. 100 pasada por ante la Escribana Katya Ayala, Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA el porcentual de participación en el Consorcio de referencia (Parxin), acreciendo su tenencia en 20%, totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del Consorcio”. Geolatina no reúne las exigencias que el Pliego de Bases y Condiciones establece para la empresa líder del consorcio adjudicado para implementar el estacionamiento tarifado en Asunción.
En consecuencia, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), resolvió retrasar la orden de inicio para la implementación del estacionamiento tarifado en Asunción y dispuso una investigación, por parte de Contraloría Interna, desde la adjudicación del sistema, que fue en 2015, hasta ahora. La Contraloría General de la República también abrió una investigación.
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Parxin entregó el jueves la documentación requerida por la municipalidad, confirmó ayer el asesor jurídico de la institución pública, Benito Torres. Explicó que también pidieron informes a la Dirección General de los Registros Públicos, donde debería asentarse cualquier modificación en el consorcio, explicó.
Torres aseveró que además, “cualquier modificación, de la índole que fuere, para que surta efecto también, necesariamente, debe ser comunicada al municipio para que se proceda a su análisis y luego puesta a consideración de la Junta para su aprobación o rechazo, tal como previene la Ley de Concesiones de Servicios Públicos y Obras y el decreto reglamentario”.
Parxin no comunicó ningún cambio a la Municipalidad de Asunción
Empero, tanto el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, como el presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, Humberto Blasco (PLRA), confirmaron a ABC que Parxin no comunicó ningún cambio.
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Con todo, Benito Torres indicó que si se confirma una irregularidad, “si es determinante para una rescisión, esto es lo que hay que analizar”.
El asesor jurídico recordó que en 2017 la municipalidad inició un proceso de rescisión de contrato, pero el laudo arbitral salió en contra y ahora la comuna debe cumplir el contrato o pagar una multa de UD$ 5 millones. “Si hay violación (de Ley), ahí analizaremos si amerita realizar un nuevo procedimiento (...) no recomendaría aventurarnos si no tenemos la certeza de que vamos a tener éxito”, dijo.
Parxin afirma que no incumplió Ley de Concesiones
Entretanto, el representante legal de Parxin, Pedro Britos, reiteró ayer a ABC que “no se produjo ninguna modificación del consorcio, ni se incumplió con la ley de concesiones”.
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“Cuando se expidan las instituciones sobre el tema y se esclarezca la incorrecta interpretación del documento cuestionado, el consorcio retomará nuevamente una comunicación oficial”, añadió Britos.