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El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Manuel Ledesma, acusó al juez penal de garantías de Alberdi Geraldino Cazal Argüello (52) y a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso (46), así como al abogado Luis Antonio Méndez Vera (34), ante el juzgado penal de garantías a cargo de Noemí Ríos Borba, de General Díaz, departamento de Ñeembucú.
La actuación de la fiscala Acosta estuvo precisamente en tela de juicio hace poco, cuando dispuso la libertad del “rey de los tortoleros” Marcelo Soccal, horas después de que este fuera detenido por agentes del Departamento de Control de Automotores a bordo de un vehículo cuyo rastro seguían por ser utilizado en una seguidilla de asaltos. Cuando el fiscal que investigaba el asalto (Julio Ortiz) se disponía a solicitar la prisión de Soccal, este ya había recuperado su libertad por disposición de Acosta, motivo por el que tuvo que librar nuevamente orden de captura contra el supuesto tortolero.
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La acusación presentada por Ledesma refiere que el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta incurrieron en el hecho punible de cohecho pasivo agravado en calidad de autores, mientras que la conducta del abogado Luis Antonio Méndez fue subsumida en el hecho de tráfico de influencias, descrito en el artículo 7° incisos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 2523, en calidad de autor.
Asimismo el agente del Ministerio Público solicitó que los mismos afronten juicio oral y público, lo que se decidirá en la audiencia preliminar para cuya realización la jueza penal de garantías deberá fijar fecha y convocar a las partes.
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Pedido de coima de G. 40 millones para beneficiar a procesado
De acurdo con la acusación fiscal entre julio de 2019 y agosto de 2019, tanto el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Acosta pidieron y acordaron recibir sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez, con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión preventiva.
Es así que en el mes de julio familiares y el abogado defensor del procesado, Ramón Acosta, contactaron con el abogado Luis Méndez para firmar un acuerdo con la madre de la víctima y denunciante del hecho punible, y que a su vez ese acuerdo se utilice para lograr una medida menos gravosa a la prisión preventiva.
El procesado por coacción sexual y violación fue declarado en rebeldía ínterin en el que el abogado querellante propuso “arreglar” a favor del encausado y en tal sentido, solicitó el pago de G. 40 millones, que serían divididos en G. 20 millones para la madre de la víctima, G. 10 millones para la fiscala María Acosta y otros G. 10 millones para el juez Geraldino Cazal.
En el escrito se destaca que la agente del Ministerio Público y el magistrado tenían conocimiento de la operativa que se había montado para beneficiar al procesado con medidas alternativas a la prisión preventiva, a cambio de recibir una suma de dinero.
Durante el periodo señalado, la fiscala y el juez habían recibido al abogado defensor Ramón Acosta en sus respectivos despachos. Este último dialogaba con Luis Méndez, que fungía de nexo en la negociación y a quién Acosta y Cazal daban indicaciones para que prepare el ropaje legal para presentar en la audiencia, en la que no se opondrían a la propuesta de la defensa.
El 12 de agosto de 2019 se realizó un operativo de entrega vigilada del dinero, que estuvo a cargo del fiscal Leonardi Guerrero. En la oportunidad cayeron apresados la fiscala María Angélica Acosta y el abogado querellante Luis Méndez, con los billetes que fueron fotocopiados anteriormente.