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Debido a las numerosas recusaciones planteadas contra jueces, camaristas y ministros de la Corte, por parte de la querella adhesiva ejercida por Leticia Redes, exesposa y madre de la hija de Rodrigo Quintana, hasta la fecha sigue pendiente la audiencia preliminar en la que debe resolverse si el único acusado por el caso, Gustavo Adolfo Florentín Silva, enfrenta o no juicio oral como pide el Ministerio Público en su acusación.
La semana pasada la jueza de Garantías Rossana Diana Carvallo resolvió rechazar el recurso de reposición que planteó el comisario Tomás Paredes Palma, en contra del trámite de oposición que la magistrada imprimió al sobreseimiento definitivo que solicitó la fiscalía a favor del uniformado procesado.
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Con esta decisión ahora la Cámara tiene que analizar la apelación subsidiaria de la defensa y decidir si el caso pasa a la Fiscalía General del Estado, para que ratifique la petición del fiscal inferior o presente otro requerimiento respecto a Paredes Palma.
Apelación de los padres de Rodrigo Quintana
Por otro lado la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones que planteó la querellante Leticia Redes contra los integrantes del Tribunal de Apelaciones, pero el máximo tribunal no remitió aún el expediente al tribunal de alzada para que estudie el recurso presentado por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, atacando la decisión de la entonces jueza del caso Hilda Benítez Vallejo, quien excluyó como querellantes a los padres de Rodrigo Quintana.
Hasta tanto no se resuelva el recurso no se podrá fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si va a juicio oral y público el único acusado el único acusado por el homicidio del dirigente liberal, Gustavo Florentín, quien ya obtuvo su libertad porque estuvo por más de 5 años con prisión preventiva sin que haya recaído sentencia definitiva.
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La acusación fiscal del 2 de abril de 2018, presentada por los entonces agentes del caso Teresa Rojas, Hernán Galeano, Marlene González y Clara Ruiz Díaz señala que en la investigación “quedó acreditada que Florentín ingresó a la sede del PLRA tras una persecución realizada por agentes de la Policía Nacional (entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017) a varios integrantes de una turba que realizaron actos violentos en las inmediaciones del diario ABC Color, quienes al ser perseguidos ingresan a la sede del PLRA”.
Con este relato fáctico, el Ministerio Público justifica el ingreso ilegal y sin orden judicial al local de la nucleación política, con la excusa de la persecución de los manifestantes.