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Este viernes a las 8:30 se inició una nueva jornada del segundo juicio oral a Rubén Figueredo, ambientalista y presidente de la Fundación Itá Enramada, ante el Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Zárate y conformado por Yolanda Portillo y Héctor Capurro, y por el Ministerio Público, la fiscala Lisa Martínez.
La defensa de Figueredo, ejercida por la abogada Rosa Vachetta, planteó la extinción del proceso penal por el plazo de 8 años y 5 meses -tiempo cronológico- que lo tuvieron en juicio. Finalmente, el Tribunal analizó y consideró que la causa se extinguió el 26 de junio del año 2020, por lo que declaró su extinción y dio por terminado así este largo proceso judicial.
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“Hoy terminó una etapa dura de acallamiento a un luchador ambiental”, manifestó a ABC la abogada Rosa Vachetta tras darse a conocer la decisión del Colegiado.
La abogada defensora agregó: “Que el calvario judicial que tuvo que sufrir Rubén Figueredo sirva para alertar a la ciudadanía que cualquiera de nosotros, que luchamos por causas comunitarias, podemos sufrir persecución política usando al Ministerio Público como garrote”.
En otro momento, recordó que Figueredo, como presidente de la “Fundación Itá Enramada”, fue quien impulsó la creación y promulgación de la Ley N° 5.882 de Pilas, fluorescentes y baterías de uso doméstico, publicada el 26 de setiembre de 2017, en el transcurso del primer juicio en su contra. “A partir de haberlo acallado, nunca más, ninguna institución se ocupó de la gestión de estos residuos tóxicos y peligrosos”, refirió Vachetta.
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Cambio de postura del Ministerio Público
La abogada Vachetta había recordado que era el Ministerio Público el que le brindó, al principio, el apoyo financiero para la compra de toneles para la disposición de los residuos como pilas, fluorescentes y otros elementos contaminantes.
Sin embargo, todo cambió luego de que Figueredo denunciara el derrame de lixiviado de la empresa Empo y que en el cauce del río Paraguay eran arrojados jeringas, remedios vencidos y agroquímicos. De hecho, estos últimos fueron retirados del agua por el ambientalista y llevados como evidencias ante el Ministerio Público y Digesa, que hicieron caso omiso.
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Al no contar con apoyo, Figueredo llevó esos productos hasta su fundación y los depositó en toneles independientes que luego cerró de forma hermética. Esto provocó la reacción de la Fiscalía, que inició un proceso penal contra él hasta lograr su condena en juicio a dos años el 20 de octubre de 2017, por los jueces Arnaldo Fleitas, Elsa García y Víctor Medina.
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En esta causa estuvieron varios fiscales, primeramente la fiscala Sara Torres, quien luego renunció a la causa. Durante el juicio estuvo el fiscal Jalil Rachid.
Posteriormente, un Tribunal de Apelación, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, anuló en 2018 dicha pena y reenvió el expediente para que se lleve a cabo un nuevo juicio ante un nuevo Tribunal de Sentencia.