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De no creer. Los miembros del tribunal de sentencia Juan Pablo Mendoza, Jesús María Riera y Fabián Weisensee (miembro suplente), quienes fueron sorteados el 9 de febrero de 2023 para llevar adelante el segundo juicio oral al diputado colorado Tomás Rivas, impugnaron esta designación que recayó en estos magistrados para llevar adelante el juicio oral al parlamentario en el caso de estafa conocido como “caseros de oro” en el que se pagó a sus empleados con dinero del Estado.
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La impugnación de Mendoza, Riera y Weisensee contra el sorteo que recayó en ellos, refiere que si bien la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 284 del 12 de setiembre de 2022 anuló en todas sus parte el AI N° 910 del 20 de diciembre de 2021 por el cual el tribunal de sentencia N° 1 integrado con los jueces Héctor Capurro Radice, Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida María Fleitas González, como miembros titulares, y María Fernanda García de Zúñiga como miembro suplente, había resuelto absolver al diputado Rivas del delito de estafa.
Como el fallo del tribunal de sentencia integrado con Capurro, Zárate y Fleitas fue anulado por la Cámara, ya no podían intervenir, el expediente fue derivado a la jueza suplente García de Zúñiga, quien posteriormente remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales para la realización del sorteo de miembros de un nuevo tribunal de sentencia.
Este hecho es lo impugnado por los jueces Mendoza, Riera y Weisensee, quienes alegan que García de Zúñiga no debió remitir el expediente a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales para un nuevo sorteo porque esta magistrada –dicen los impugnantes– era aún competente para atender la causa.
Según lo que mencionan Mendoza, Riera y Weisensee , la jueza García de Zúñiga es quien debió integrar junto a otros miembros que resulten del sorteo para atender el caso de los “caseros de oro”.
Junto a los miembros del tribunal de sentencia jueces Mendoza, Riera y Weisensee (miembro suplente), también fue sorteada la magistrada Laura Ocampo, quien sin embargo, no firmó el escrito de impugnación que se planteó contra el sorteo del tribunal del que fueron designados.
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Antecedentes del blanqueo de la causa “caseros de oro”
El 15 de diciembre de 2021, por mayoría, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez del proceso por presunta estafa en el caso de sus tres caseros.
El presidente del tribunal, Héctor Capurro, argumentó que la extinción de la acción penal se da porque “no existe perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que mediante un acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2021, el acusado reparó integralmente el daño ocasionado”.
Dicho acuerdo fue firmado por Tomás Rivas y el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), y establece que el cuerpo legislativo no tiene ningún reclamo que hacer, bajo ningún concepto, al parlamentario acusado, atendiendo a que el mismo depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la Cámara de Diputados.
Capurro agregó que el propio procurador general de la República, Juan Caballero González (postulado para la terna a la Corte Suprema), quien declaró en el juicio oral y público, confirmó que el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, le comunicó el acuerdo firmado con el diputado Tomás Rivas y que el Legislativo no sufrió ningún daño patrimonial.
Cámara confirmó exigua condena a los “caseros de oro”
En noviembre de 2021, por unanimidad el tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala, integrada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez, confirmó la Sentencia Definitiva N° 251 del 28 de junio de 2021, por la cual fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena los “caseros de oro” Nery Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero.
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Las apelaciones en contra del fallo dictado por el tribunal de sentencia presidido por la jueza Inés Galarza e integrado por sus colegas Víctor Medina y Olga Ruiz fue presentado por las defensas de los encausados y por el fiscal Luis Piñánez, quien había solicitado que Nery Franco González y Reinaldo Chaparro sean condenados a 4 años y medio de prisión; y Lucio Romero Caballero a 4 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que fueron declarados culpables del hecho punible de estafa.
Piñánez argumentó que el Tribunal de Sentencia debió aplicar el artículo 70 del Código Penal, estableciendo un marco penal de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad para cada uno de los procesados, teniendo en cuenta que el delito de estafa se consumó en reiteradas ocasiones. El fiscal resalta que los jueces cometieron un error al establecer que la pena podía ser de 6 meses hasta 5 años de cárcel.