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La existencia de una red de “nacionalización mau” quedó al descubierto el año pasado cuando se descubrió que un ciudadano sirio y otro saudí enviaron a reemplazantes para rendir el examen obligatorio de conocimientos en la Corte Suprema de Justicia para los trámites de nacionalización.
La insólita situación fue denunciada ante el Ministerio Público y a partir de ahí se inició una investigación con relación al caso y el lunes pasado, se realizaron dos allanamientos. En Asunción, los investigadores detuvieron al libanés Ali Mohamed y en la ciudad de Luque a la abogada Cinthia Pérez Toranzo de 48 años. Durante el allanamiento donde cayó Pérez encontraron en su poder más de G. 289 millones, que la detenida no supo justificar su origen, por lo que se incautó del dinero.
El comisario principal Hugo Díaz, jefe de Investigación de Delitos de la Policía, explicó que el ciudadano libanés- paraguayo naturalizado Ali Mohamed Kanso de 66 años, se presentó para rendir en vez del saudí, y para dar el examen en lugar del sirio se presentó un adolescente de 16 años.
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La imputación señala que Pérez Toranzo patrocinó ambos pedidos de nacionalización y además, habría planeado la presentación de terceras personas en representación de los extranjeros que peticionaron la nacionalización, para rendir examen en la Corte Suprema de Justicia.
MP pidió prisión para supuestos implicados en red de nacionalización mau
Tanto Ali Mohamed Kanso como la abogada Pérez Toranzo fueron procesados por los supuestos delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad por los fiscales Christian Ortiz y José Morínigo.
Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos., tras argumentar que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.
En la audiencia de imposición de medidas, el abogado Aurelio Sosa, defensor de Pérez Toranzo, alegó que los hechos atribuidos a su defendida no son delitos y pidió medidas alternativas a la prisión, en atención a que la misma es profesional del Derecho y tiene dos hijos menores de edad. Asimismo, solicitó la devolución de la millonaria suma incautada durante el procedimiento.
El magistrado resolvió disponer el arresto domiciliario de la letrada procesada en su domicilio de Luque, bajo fianza personal de G. 500 millones, que deberá sustituir por una fianza real (con garantía de un inmueble) en un plazo de 20 días.
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Palacios resolvió además que la mujer no deberá contactar con el coprocesado por ningún medio, pero nada dijo con relación a los testigos que podrían ser inducidos a cambiar de versión que es lo que justamente se debería evitar. Asimismo, el magistrado tampoco se pronunció respecto al pedido de devolución del dinero.
En la misma causa, el magistrado decretó la prisión del paraguayo nacionalizado Ali Mohamed Kanso, quien está procesado por los mismos hechos punibles que la exfuncionaria judicial.
“Tampoco debemos perder de vista que el proceso investigativo se encuentra en un estado incipiente en la que existen altas probabilidades de que el imputado destruya o modifique elementos de pruebas, o incluso que pueda influir en los testigos a que informen falsamente sobre los hechos” señaló el juez al argumentar la prisión preventiva decretada contra Kanso, de quien dijo que tampoco pudo demostrar su arraigo.
Exfuncionaria tuvo considerable reducción de condena por plagio
Cinthia Pérez Toranzo, ex funcionaria judicial, cuenta con una condena por secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche. La empresaria fue secuestrada en la noche del 31 de julio de 2003 a la salida de un gimnasio ubicado en el barrio Herrera y liberada previo pago de un rescate de US$ 140 mil dólares.
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En primera instancia, Pérez Toranzo fue condenada a 10 años de pena privativa de libertad, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le redujo la pena a menos de la mitad, específicamente 4 años y 6 meses de cárcel, que a la fecha la tiene compurgada.
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Para el efecto, los entonces ministros de la sala penal Wildo Rienzi y Sindulfo Blanco hicieron lugar a un recurso de casación planteado por la letrada. La decisión de la máxima instancia contó con el voto en disidencia de la ministra Alicia Pucheta.
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