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Este año se volvió a reducir el monto destinado para el rubro compra de tierras en el presupuesto del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), del que por sí ya era bajo, de G. 20.000 millones del año pasado se redujo más todavía y quedó en el presente periodo a cerca de G. 12.000 millones, según informó el representante de la Asociación Rural del Paraguay en el Consejo Consultivo del ente, Abog. Diego Torales. ”Con esos G. 12.000 millones presupuestados para este año en concepto de compra de tierras, no se puede pagar casi nada ni pretender hacer reforma agraria”, aseveró Torales.
Antes, US$ 30 millones para compra de tierras
Explicó que unos 20 años atrás el presupuesto para la compra de tierras llegó a ser unos G. 140.000 millones, que al cambio de entonces se estimaba entre 20 millones y 30 millones de dólares, mientras que hoy el monto destinado no alcanza US$ 2 millones.
“Yo creo que con el presupuesto que hoy los parlamentarios asignan para la reforma agraria al Indert, así como sigue no va poder pagar sus históricas deudas y menos aún proceder a la titulación de las tierras, pese a que la actual administración está siendo la más eficiente en este tema”, expresó. Aseveró que si se mantiene en esos montos el presupuesto para la compra de tierras, la reforma agraria se hace inviable, en perjuicio al sector más vulnerable, que es el campesinado.
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Por su parte, la presidenta el Indert, Abog. Gail González Yaluff, dio a entender que la disminución en el rubro compra de tierras se dio en el Parlamento, en el contexto de la contienda electoral, porque las comisiones parlamentarias que las determinan están compuestas mayormente por opositores.
Impacto de la ley Enrique Riera
La Ley N° 6830/2021, que desde setiembre de ese año aplica una condena de hasta diez años a los invasores de propiedades privadas y es conocida como “Ley Riera-Zavala”, está cumpliendo su efecto disuasivo y de evitar la violencia en el campo, comentó el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo. Según los datos de la Policía Nacional, de cerca de 300 denuncias de invasiones de propiedades privadas que se tenían por año antes de dicha normativa se redujo hasta el año pasado a unas 100 denuncias.
En ese contexto, el senador Fernando Silva Facetti, manifestó que es preocupante la ligereza de algunos actores políticos referente a la propiedad privada, sobre las denuncias por invasión de inmuebles en los últimos 5 años, porque se puede observar que al elevar las penas han disminuido las invasiones. “Se requiere mucha prudencia ante cualquier intento de derogar la Ley N° 6830/21 o bajar las penas nuevamente por el efecto que podría tener y llegar a dispararse de nuevo las invasiones a la propiedad privada”, expresó.