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Ayer se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Juzgado de Luque y la magistrada asignada a atender el caso fue Jennifer Insfrán, quien dio trámite de oposición al requerimiento de sobreseimiento provisional y definitivo solicitados por la fiscala Estefanía González para el beneficio de los procesados que formarían parte de una gran rosca que se dedica, presuntamente, a la falsificación de documentos inmobiliarios y posterior despojo ilegal de terrenos.
Ahora, la causa fue derivada a la Fiscalía General del Estado, institución que tendrá 10 días para expedirse sobre dicho requerimiento. Sin embargo, el abogado defensor de la familia Sopeña, Eduardo Bernal, presume que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, favorecerá a los imputados.
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Requerimientos solicitados
La agente Estefanía González reemplaza a la fiscala de Luque Sandra Ledesma luego que la misma haya sido recusada en innumerables ocasiones. Las defensas de los imputados presentaron en total 56 incidentes para dilatar el proceso penal recusando a todos los jueces y fiscales del departamento Central.
Ninguno de los abogados fue advertido por el Tribunal de Apelación sobre las chicanas planteadas, que incluso impidieron las audiencias de imposición de medidas. También, el Tribunal conformado por los jueces María Lourdes Cardozo, Guillermo Zillich y Lourdes Fernández Cattebeke negó el pedido de prórroga solicitado por el Ministerio Público ante tantas chicanas.
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La fiscala González, una vez confirmada en la causa, inmediatamente resolvió solicitar los siguientes requerimientos: sobreseimiento provisional para la imputada Gilda Lucía Bordón Roux, propietaria del estudio jurídico “BRS & Asociados” donde se habría falsificado todos los documentos del terreno y presunta cabecilla de la rosca de falsificadores.
También para Elvira Bordón Martínez, actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral ubicada a media cuadra del Poder Judicial y donde inventaron un juicio para despojar a la familia Sopeña de su propiedad; Mouriel Vera Sanabria, actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral; María Monserrat Cera Sanabria, actuaria y secretaria de Bordón Roux; y Ema Nilza Turo Martínez, exfuncionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien fue desvinculada de la institución ante el escándalo.
Por otro lado la Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo para el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza, quien acompañado por agentes de la policía de la Comisaría Tercera de Luque, invadieron la casa de la familia Sopeña ubicada en el cuarto barrio de Luque, valuada en US$ 4.000.000 y llevaron a cabo el desalojo.
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Supuestamente, Ema Turo era la nueva propietaria del inmueble según los documentos falsos que presentó Thompson Zarza.
“En nombre de la querella aguardamos que la Fiscalía General del Estado, representado por la fiscal Sandra Quiñónez, esté a la altura de las circunstancias y que no avale en su despedida este despojo descarado y libere sin pena a esta gavilla de falsificadores”, dijo Eduardo Bernal, abogado de la familia Sopeña.
Innumerables chicanas sin castigo
Un total de 62 fiscales, todos del departamento Central, que cumplen funciones en diferentes distritos, fueron recusados en reiteradas ocasiones por los procesados en la causa.
“Se turnaban para recusar a jueces y fiscales y por esta razón, no se pudo realizar ninguna de las audiencias de imposición de medidas. La excesiva cantidad de chicanas presentadas por los defensores del Estudio Jurídico de Gilda Bordón incluso evitó que se realice la extracción de datos de los teléfonos incautados”, sostuvo Bernal.
Agregó que le llama la atención “que la prórroga extraordinaria solicitada por el Ministerio Público a la Cámara de Apelaciones del área Central, haya sido negada días antes de la fecha de acusación”, explicó el profesional.
Antecedentes
Los procesados son investigados por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los mismos formarían parte de una red de falsificadores de documentos que luego son utilizados para llevar a cabo desalojos de inmuebles, supuestamente resueltos en juicios que ni siquiera existieron.
El objetivo principal de la maniobra sería que una vez obtenidas las propiedades, posteriormente se proceda a su venta a altos costos evaluados en dólares para la construcción de complejos habitacionales y que los dueños de las constructoras interesadas serían Gilda Bordón y familia.
De acuerdo al acta de imputación, en el estudio jurídico de Gilda Bordón se habría “establecido y creado una estructura dispuesta a realizar los hechos punibles, patrocinando financieramente al esquema organizado con la finalidad de despojar a Mariano Sopeña, representante legal de Formasa SA, de la propiedad”. El inmueble está a nombre de la firma mencionada.