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Con el rechazo de los incidentes de extinción de la acción penal y de nulidad absoluta se inició ayer el juicio oral del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac Albertini, acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima); y el exfuncionario judicial Rafael Ramírez Doldán, acusado de tráfico de influencias. Los fiscales de la causa son Luis Piñánez y Victoria Acuña.
Respecto al incidente de extinción, planteado por la defensa de Ramírez Doldán, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por Juan Ortiz e Inés Galarza indicó que la presente causa penal se extinguirá recién en el 2024, y rechazó el pedido.
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El incidente de nulidad absoluta fue presentado por el abogado Raúl Caballero por la defensa de Bajac, con el argumento de que el acusado se encontró en un estado de indefensión en la audiencia preliminar, llevada a cabo en el año 2020 a través de medios telemáticos, ya que no estaba en compañía de un representante legal que lo defienda en la diligencia.
Al respecto, el colegiado de sentencia concluyó que Bajac estuvo acompañado de un abogado defensor al momento de la preliminar y él mismo consintió la realización de la audiencia a través de la plataforma Zoom. En consecuencia, se rechazó el incidente.
Tribunal admitió inclusión de testigos propuestos por fiscalía
Por otro lado, el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la inclusión de tres testigos propuestos por el Ministerio Público: Juan Carlos Ávila Meza, Carlos Miguel Lesme y Gustavo Luis Franco. Los dos primeros fueron imputados como cómplices, en esta causa, y obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento.
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Los jueces admitieron también la inclusión de varios certificados médicos presentados por la defensa de Bajac, así como un fallo judicial en una causa donde intervino el fiscal Piñánez. La defensa sostiene que con la resolución del 30 de abril de 2019, probará inconsistencias de los actos investigativos del Ministerio Público.
El juicio oral continuará mañana, desde las 8:00, con la presentación de los recursos de reposición de las partes, como la que presentará la defensa del exministro del máximo tribunal en contra del rechazo de la nulidad absoluta del auto de apertura a juicio oral.
Bajac habría solicitado coima de US$ 50.000
Según la acusación fiscal, entre los meses de diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Óscar Bajac Albertini, en ese entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última propietaria de la firma Cal Agro SA, el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
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El monto supuestamente solicitado representaba nada menos que 50.000 dólares norteamericanos, puntualiza la acusación presentada por los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez.
Según los investigadores, el propio Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su mismo despacho y solicitó a Felipe Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”. Para el efecto, el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
Acusado cayó infraganti tras cobrar la presunta coima
En la cláusula tercera de ese contrato aparece que los “honorarios” iban a ser abonados una vez que se confirme la sentencia de indemnización de segunda instancia. El “contacto”, además de Bajac, era el funcionario Carlos Lesme.
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Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió 50.000 dólares, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Luis María Ramírez Doldán con una coima de G. 50 millones.
El entonces ministro de la Corte Bajac cambió su voto y lo emitió en contra del empresario denunciante un día después de que su funcionario allegado reciba la coima de G. 50 millones en la misma explanada del Palacio de Justicia, en medio de un operativo encubierto, según la acusación.