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Pereira conversó con el programa Mesa con EVP, emitido por ABC TV, este martes. El empresario se refirió a la Ley 5.211/11, de Calidad del aire, que será implementada desde este miércoles 1 de febrero establece la obligatoriedad de que todos los vehículos usados importados realicen la inspección de emisión de humo antes de acceder al despacho aduanero y de salir en circulación.
“A partir de la mañana entra a regir la ley de control de humo. Humo es lo que se va a controlar, no es una inspección técnica vehicular. El Mades es el que va a controlar con sus mecanismos”, explicó Pereira.
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El titular del Centro de Importadores de Vehículos Usados recordó que el Estado cobrará dos jornales y medio por cada vehículo inspeccionado, unos G. 245.942.
Considerando que en 2022 ingresaron al país unos 41.000 rodados usados importados, se calcula un millonario negocio para las entidades de control.
Con los datos de Pereira, se podría aventurar una recaudación de poco más de G. 10.083 mil millones, unos US$ 1.362.000 en el periodo de un año para estos controles de emisión de humo.
¿Qué sucederá si se rechaza el vehículo?
“La ley dice que se si se rechaza la unidad tiene que volver a su país de origen”, respondió Pereira, quien consideró esta disposición como una absurda, ya que explicó que si se busca devolver, los vendedores se van a reír del comprador.
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Además, el empresario informó que cada día ingresan al país 15 “cigueñas” que traen en su mayoría los vehículos usados vía Chile, coches de origen asiático conocidos como “chilere”.
Pidió controles justos
Pereira está de acuerdo con los controles de emisión de humo, pero no con las medidas que se disponen en la legislación.
En ese sentido, precisó que lo que buscan es que el Estado actúe de igual forma con los miles de vehículos que, a diario, emiten humo tóxico en las calles del país; en especial los buses chatarra.
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Por último, consideró que la aplicación de esta ley “no terminará bien” a futuro.
El director de Procedimientos Aduaneros, Cristhian Paredes, confirmó a ABC que la aplicación arranca este 1 de febrero y el Ministerio del Ambiente es el ente regulador, mientras que una empresa privada es la que se encargará de realizar el control.
Puntualizó que habilitaron solo 10 sedes aduaneras en las cuales se realizarán las inspecciones.