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El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado, Federico Delfino, presentó acusación ante el juzgado penal de garantías especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía, y en consecuencia pidió que Miguel Ángel Armando Vera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC), y Héctor Salvador Torales Fernández, representante de la firma “Área Límite SA”, afronten juicio oral y público.
A ambos se le atribuyen los hechos de tráfico ilícito y acopio ilícito de armas, asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando.
Protegido de Beto Ovelar
Miguel Vera sería uno de los mimados del jefe regional de Honor Colorado, el senador Silvio “Beto” Ovelar, conocido como “Trato Apu’a”, con quien el 22 de junio último, pese a ya contar con orden de detención, disertó en una charla para los alumnos de la FCE y otras facultades de la UNCA.
Vera participó en forma virtual. Este, según fuentes, sería también asesor comercial y contador de Ovelar.
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Empresa inhabilitada para importar armas, según Fiscalía
El 25 de febrero de 2022, por Nota A.A.A.I.S.P. N° 20/2022, la Aduana pidió informes a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) sobre si la firma “Área Limite SA” gestionó la importación de armas de uso civil. El 3 de marzo, la Dimabel respondió que la firma es importadora de armas, pero su registro está vencido desde el 4 de agosto de 2021.
El 4 de marzo se detectó el cargamento de 25 cajas de pistolas de uso civil, por lo que la Dirección Nacional de Aduanas realizó la denuncia a la Fiscalía Zonal de Luque, a cargo de la fiscala Sonia Pereira. También se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según la imputación.
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El escrito señala además que el 17 de febrero, Héctor Torales, en representación de “Área Limite SA”, presentó una nota en a la Dimabel, indicando que la firma tiene registro de importador vencido, pero que ya solicitaron su renovación el 15 de febrero.
Sin embargo, el 22 de febrero, Torales volvió a presentar una nota informando a la Dimabel que el 19 de febrero llegaron al Aeropuerto Silvio Pettirossi 250 unidades de armas de fuego de la marca Bull Cherokee, Magazine X2, de color negro, adquiridas de la proveedora Bul Armory de Israel, en 25 paquetes. Esto derivó en la consulta de la Aduana a la Dimabel.
Pidieron renovación del registro con documentos falsos
De acuerdo con la investigación fiscal, “Área Limite SA” no estaba habilitada para comercializar armas de fuego, ya que no se encontraba inscripta como importadora de armas de fuego. Esta situación se evidenció con la solicitud presentada el 15 de julio de 2020, ante la Dimabel, por Cinthia Carolina Britez Viana, en representación de la empresa.
Recién el 4 de agosto de 2020, por Resolución N° 241/2020, fue habilitada como importadora. Para la Fiscalía “se evidencia que los señores Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, en representación de la empresa “Área Limite”, comercializaron armas de fuego sin estar habilitados para tal efecto”.
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Agrega la Fiscalía que “Área Limite SA”, según la última asamblea general ordinaria del 29 de setiembre de 2021, está conformada por Héctor Torales como presidente y Ron Yoseph Baum como vicepresidente, Cinthia Carolina Brítez Viana como secretaria y Félix Pedrozo Solís como síndico titular.
Para la renovación de registro de importador, en 2022, se presentaron los documentos ante la Dimabel, entre ellos una carta de referencia del Banco Río SAECA, al que el Registro Nacional de Armas solicitó, el 22 de febrero de 2022, informe sobre el movimiento bancario de “Área Límite” y el banco respondió que no trabaja con esta.
Al pedido de renovación también se adjuntó el Acta de Asamblea General, del 29 de setiembre de 2021, en la que consta la firma del vicepresidente Ron Yoseph Baum, quien no estaba en el país, pues según informe de Migraciones entró al país el 25 de octubre de 2021 y salió el 4 de noviembre de ese año.
Aquello hace sospechar que Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, Héctor Salvador Torales Fernández y Ron Yoseph Baum habrían usado documentos de contenido falso para cumplir los requisitos solicitados por la Dimabel para la renovación del registro de importador.