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La Municipalidad de Asunción planea implementar el estacionamiento tarifado desde marzo de este año, a través de una tercerización del servicio. Para ello, el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) remitió a la Junta Municipal asuncena una propuesta de las tarifas que desea cobrar. Plantea subir el costo inicial por hora, que estaba dispuesto en G. 3.500 en el 2017, a G. 4.500 por hora.
Este monto por hora va disminuyendo levemente si las personas abonan por un día completo, una semana completa o por un mes. También hacen la diferencia entre una jornada de seis horas y una jornada de 8 horas (ver cuadro).
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Por ejemplo, una jornada de seis horas alcanzaría G. 25.650, mientras que una jornada de 8 horas costaría G. 33.480. Si se abonara por una semana (cinco días por 8 horas) el monto llegaría a G. 155.600.
Por mes, estacionar costaría entre G. 578 mil y G. 700 mil
En el caso de los funcionarios públicos que trabajan de lunes a viernes, ocho horas diarias, el costo de estacionar por los 20 días sería de G. 578.880 (tarifa por hora con descuento: G. 3. 618, multiplicado por ocho horas, por 20 días)
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Sin embargo, para un trabajador del sector privado, a ese monto, se le deben sumar los días sábados, es decir, cuatro días de ocho horas, que resultan G. 133.920 (tarifa por hora con descuento: G. 4.185, multiplicado por ocho horas, por 4 días). En total, 20 días más los cuatro días, resultarían: G. 712.808.
Un trabajador que se maneje en motocicleta y acuda a trabajar ocho horas por seis días a la semana, en un mes pagaría G. 348.352.
Los siderales montos golpearán fuertemente al ciudadano y podrían obligarlo a dejar su auto para utilizar nuevamente el deficiente transporte público. Si bien uno de los objetivos de tarifar el estacionamiento en una ciudad es ese, Central no ofrece un servicio de ómnibus ni de mediana calidad, por lo que el trabajador será el más afectado.
Se estipulan descuentos y zonas en ordenanza
Según la ordenanza 545/15, las zonas tarifadas en Asunción son: céntrica (incluye Mercado 4), Palacio de Justicia, Ande, Villa Morra, y el palacete municipal. No obstante, el intendente solicitó que esta última zona sea excluida. El legislativo debe sancionar una nueva ordenanza para ello.
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Asimismo, quienes tengan su patente vehicular en Asunción y estén al día, tendrán todos los días dos horas libres y un 50% de reducción de la tarifa en las dos primeras horas.
Intendente dice estar obligado, pero quiere subir montos
El intendente, que argumenta estar obligado a implementar el sistema de estacionamiento debido a un fallo arbitral, plantea sin embargo modificaciones al proyecto original para generar mayores ingresos. “Nenecho” propone que también se cobre a quienes conducen motocicletas y pide crear tarifas para quienes cierren calles por un evento, a los que sitúan contenedores para carga de materiales y a quienes cargan y descargan mercaderías (ver cuadro).
Según el calendario, el intendente espera que en febrero la Junta Municipal sancione una nueva ordenanza que modifique la ordenanza tributaria 54/22, en la que se prevén los precios para estacionamientos tarifados.
Licitación pasó por Samaniego, Pico, Ferreiro y ahora, “Nenecho”
El estacionamiento tarifado es una licitación que fue adjudicada al consorcio Parxin en el 2015. La licitación fue hecha por el entonces intendente Arnaldo Samaniego (ANR), pero se adjudicó cuando Omar Pico (ANR) asumió ante su renuncia. El ex jefe comunal Mario Ferreiro recibió la adjudicación al asumir en el 2016 y decidió firmar el contrato. El acuerdo fue homologado por la Junta Municipal, en la que Óscar Rodríguez (ANR) era concejal.
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El propio Mario Ferreiro decidió rescindir el contrato en el 2017, ante la ola de reclamos ciudadanos que estaban en contra del sistema y debido a una denuncia de la Contraloría General de la República (CGR), que alegaba incumplimiento de contrato por parte de Parxin.
Tras un arbitraje, Parxin le ganó un litigio judicial a la municipalidad. El propio abogado puesto por la Comuna votó a favor de la empresa.
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Luego, la Municipalidad de Asunción planteó un recurso de nulidad ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, el que fue rechazado. Inclusive hubo una acción de inconstitucionalidad, sin conseguirla. La Municipalidad debería pagar una multa de 5 millones de dólares en caso de no poner en vigencia el contrato, que finalmente la administración de Rodríguez decidió ejecutar.