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Por unanimidad, los ministros que integraron la sala penal de la Corte Suprema de Justicia -Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera- rechazaron un habeas corpus reparador y genérico planteado a favor de Reinaldo “Cucho” Cabaña, acusado por narcotráfico y otros delitos.
El abogado Nelson López solicitó la libertad de Cucho, tras asegurar que su prisión preventiva -más de 4 años- es ilegítima, debido a que el plazo de duración máximo que la ley establece como límite de la prisión preventiva ha sido sobrepasado.
El ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón refiere que cuando concurre más de un hecho punible en una causa penal, la perspectiva de pena tiene como límite mínimo el del hecho punible más grave.
En este caso específico, Cabañas está acusado como autor de los delitos previstos en los artículos 21, 42 y 44 de la Ley 1.340/88 “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y delitos afines”.
Plazo máximo de prisión de Cucho no se cumplió
“(...) analizado el marco penal de cada uno de los hechos punibles acusados a Reinaldo Javier Cabafia Santacruz, se evidencia que todos tienen la misma pena mínima: cinco (5) años. De este modo, al observar la fecha en que fue dictada la prisión preventiva -8 de setiembre de 2018- y el tiempo transcurrido hasta la petición del hábeas corpus -15 de noviembre de 2022-, se advierte que la pena mínima no se ha superado”, explicó Jiménez.
“Al ser así, la privación de libertad que soporta Reinaldo Javier Cabaña Santacruz no se ha tornado ilegal porque su duración se encuentra dentro del marco temporal que permite la Constitución; en otras palabras, el tiempo que lleva vigente la medida de prisión preventiva aún no supera el plazo que la ley establece como pena mínima del hecho punible más grave por el que el mismo ha sido acusado”, concluye el ministro Jiménez.
Asimismo, Jiménez destaca que el habeas corpus genérico procede cuando sea necesario rectificar circunstancias -no estando contempladas en los casos del preventivo y reparador- que restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal, así como los casos de violencia física, síquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad, las cuales tampoco se dan en el caso en cuestión.
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A su turno, los ministros Ramírez Candia y Benítez Riera se adhirieron al voto de su colega, sin mayores consideraciones.
El Operativo Berilo
Esta causa se inició con el operativo Berilo, que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas y fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos simultáneos que estuvieron a cargo de fiscales y agentes antidrogas.
Según la Fiscalía, la organización criminal introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná para su posterior envío al Brasil. Asimismo, el referido grupo delictivo inyectaba activos provenientes del narcotráfico al sistema financiero paraguayo.
Además de Cucho Cabaña -acusado por presunto tráfico internacional y comercialización de drogas, lavado de dinero y asociación criminal- hay otros 23 acusados por el caso, entre ellos el diputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado por presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero.
El 30 de noviembre último, la audiencia preliminar en la que se tenía que resolver si los acusados van o no a juicio oral se suspendió una vez más a raíz de la recusación a la jueza penal de garantias Alicia Pedrozo.
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En su exposición, la fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, sostuvo que Cucho Cabaña lideraba una red de tráfico de drogas y con el dinero obtenido mediante esta actividad financió la campaña política de Ulises Quintana para que este ingrese a la Cámara de Diputados, con el objetivo de que utilice su investidura las veces que fuera necesario para que la organización criminal pueda ejecutar sus actividades ilícitas.