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El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marcos Elizeche, refirió que es posible que Presidencia vete parcialmente el Presupuesto General de la Nación. El Ejecutivo cuestiona principalmente que se cargaron muchos gastos rígidos para el año 2023, lo que perjudica significativamente la posibilidad de inversiones.
El viceministro explicó que los gastos rígidos son todos los relacionados a sueldos, creaciones de cargos, etc., lo que significa que quedan permanentemente en el presupuesto, siendo imposible recortarlos posteriormente.
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Marcos Elizeche indicó que probablemente el martes el Presidente ya tenga una respuesta sobre qué opina en cuanto al presupuesto enviado por el Poder Legislativo. No obstante, el viceministro aclaró que el veto parcial está descartado.
Ampliaciones de salarios y creaciones de cargos
“En esa línea de veto parcial sí tenemos algunas complejidades jurídicas y técnicas. Es un rompecabezas, el Congreso tocó ampliaciones de salarios, creaciones de cargos y no podemos modificar el anexo. La diferencia es de unos US$ 30 millones, pero eso no es lo que nos preocupa, sino que se añadieron más gastos rígidos”, indicó el viceministro.
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Según graficó Elizeche, de cada G. 100, G. 90 son gastos rígidos.
Lo que quieren desde el Ministerio de Hacienda es que los gastos rígidos vayan disminuyendo.
“Estos gastos fueron programados en su mayoría para el segundo semestre, lo que implica que para el 2024 esto se convierte en una bola de nieve y queremos que ya no se haga”, señaló el viceministro de Administración Financiera.
Quieren suprimir incrementos en años preelectorales
Por otro lado, Elizeche manifestó que en un año preelectoral siempre hay más “incentivos”, motivo por el cual presentaron un proyecto de ley para que no se traten más incrementos de gastos rígidos en años preelectorales, “pero eso ni siquiera se consideró en el Congreso”.
“Ojalá lo traten ahora, ese proyecto sigue en el Congreso, para que se discuta en un ambiente sin presiones”, indicó.
Elizeche se refirió además a la ley de responsabilidad fiscal, que está rigiendo en el Poder Ejecutivo, “pero los otros poderes del Estado se excluyen de todas estas leyes de racionalización del gasto”.
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