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Se suspendió ayer, por 8ª vez, la audiencia preliminar para al extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard y a otros seis acusados de presunta lesión de confianza por la compra irregular de los “tapabocas de oro” para la institución estatal, al inicio de la pandemia de COVID-19, en el año 2020.
La diligencia fue programada el pasado 23 de noviembre por el juez de Garantías N° 3 de la Capital Raúl Florentín, quien estuvo como interino del Juzgado de Garantías N° 5 (donde está la presente causa penal) hasta este martes. Desde ayer el juzgado es interinado por el juez de Garantías N° 6 Miguel Ángel Palacios.
Sin embargo el magistrado fue apartado de esta causa penal por la Cámara de Apelaciones, en setiembre de este año, por haber “incurrido en un celo excesivo” para lograr la sustanciación de la audiencia. El fallo del Tribunal de Alzada se dio tras la recusación planteada en contra de Palacios por el abogado Andrés Casati, defensor de la acusada Luz Chamorro.
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En consecuencia, el juez de Garantías deberá pedir que se sortee un nuevo juzgado para entender en la causa o que su colega designada como titular del Juzgado de Garantías N° 5 asuma sus funciones, el 2 de febrero de 2023, para fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar.
Los acusados por los “tapabocas de oro” en la Dinac
Además del extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, el Ministerio Público acusó en la presente causa al excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Marcelo Rubén Ovelar González, al exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix y a la exgerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez.
También están acusados y con pedido de juicio oral el exdirector financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
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La acusación presentada el 30 de abril de 2021 por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Sussy Riquelme y Juan Ledesma resalta que el esquema delictivo instalado en la Dinac no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio de la institución.
“Esquema delictivo” para compra de tapabocas, según fiscalía
La acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma señala que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
Agrega que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30, en oficinas de la Dinac.
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La acusación resalta además que “las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y, además, las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”.
El Ministerio Público habla de un perjuicio de G. 59 millones con la compra sobrefacturada de tapabocas de la firma Proyectos Global SA, de Katherina Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados.
Aseguran que daño al Estado “ya fue reparado”
Las defensas de los involucrados en el esquema delictivo, como apuntó la fiscalía, podrían ser blanqueados mediante la reparación del “daño” a la Dinac, ya que la defensa de Édgar Melgarejo agregó al expediente la devolución de G. 119 millones (monto total de la compra), además de un dictamen de la Procuraduría General de la República en el cual se resalta que el Estado ya no tiene nada que reclamar a los acusados.
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Los abogados hacen referencia al artículo 25 del Código Procesal Penal, numeral 10, en que se refiere como uno de los motivos de extinción la reparación del daño a la víctima, en este caso Dinac y la Procuraduría General.
Los defensores de algunos procesados incluso plantearon que el Ministerio Público ya no tiene competencia, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia y tiene que ser resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.