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En sesión plenaria, la máxima instancia judicial aceptó hoy, por unanimidad, la renuncia del juez penal de sentencia Wilfrido Peralta Argüello y designó como interino en el Juzgado Penal de Sentencias N° 14 de la Capital al juez Juan Francisco Ortiz.
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La nota presentada el 19 de diciembre de 2022 por el juez Wilfrido Peralta Argüello fue tratada en el punto 13 de la sesión plenaria ordinaria y los ministros Alberto Martínez Simón, María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, César Garay, Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos Ojeda, César Diesel y Eugenio Jiménez Rolón aceptaron por unanimidad la renuncia del magistrado.
Peralta deja el cargo luego de dictar, durante la madrugada del pasado 18 de noviembre, un aberrante fallo contra la libertad de expresión para la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano y que todavía debe ser estudiado en segunda instancia, teniendo en cuenta que la defensa apeló el fallo.
En un fallo repleto de errores, el magistrado Peralta actuó casi como uno más de los abogados de la exviceministra cartista de Tributación Marta González Ayala.
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Con su renuncia, Peralta evita la posibilidad de ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por las graves irregularidades que cometió con su fallo. Abogados especialistas habían advertido semanas atrás que el mismo era pasible de ser denunciado y sancionado por el aberrante fallo.
Peralta omitió criterio de la DNCP y la Contraloría
En el juicio oral de la querella promovida por la exviceministra de Tributación Marta González hubo casi una veintena de audiencias, donde testigos y documentos ratificaron las críticas y observaciones que había realizado ABC Color con respecto a la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, durante la administración de la querellante al frente de la SET.
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, fue uno de los testigos que declararon en el juicio y afirmó durante su comparecencia en el marco del juicio que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del sistema Marangatu.
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Sin embargo, el presidente del tribunal de sentencia unipersonal, Wilfrido Peralta, entendió que, pese a que la Contraloría General de la República declaró irregular la compra de la actualización del sistema Marangatú, el contrato del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) está dentro del contexto del marco de la ley sin quebrantar ninguna disposición legal.
Juez no tuvo en cuenta irregularidades de exviceministra cartista
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, en el gobierno de Horacio Cartes, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva.
La misma Contraloría General de la República concluyó que no hubo competencia, sino contratación por vía directa, y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
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El CIAT terminó subcontratando a otra empresa, Ideati, por no tener, según reconoció el propio secretario ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático. Sin embargo, para el juez Peralta, “no es nada fuera de lugar que en su momento la viceministra asuma esa dirección”.
Peralta se centró en cosas que no se dijeron en ABC
Peralta dedicó páginas y páginas a hacer una ponderación de la importancia pública del Sistema Marangatu y de la necesidad de su actualización. Este punto no estuvo siquiera en discusión en las publicaciones, que apuntaron a la forma en que se entregó el contrato para esos trabajos.
El mismo Peralta señala en su fallo que el mismísimo secretario general del CIAT, Marcio Ferreira Verdi, reconoció que el organismo subcontrató a una empresa privada para cumplir con el contrato.
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En otro punto, Peralta llegó a decir que los abogados de nuestros compañeros afirmaron cuestiones que nunca fueron expresadas. Por ejemplo, quien escribió el fallo redactó: “La defensa también sostiene que todos los funcionarios que vinieron a declarar de la oficina de la secretaria de estado de tributación son personas que fueron subalternos de la señora MARTA GONZALEZ AYALA (sic)”.
Este punto no fue afirmado ni de forma verbal ni en ninguno de los escritos planteados por representantes legales de nuestros compañeros. De hecho, no hay una sola mención de esto en las transcripciones de los alegatos.