Cargando...
Los ministros que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, confirmaron la extradición de José Luis Bogado Quevedo, requerido por la justicia del vecino país, donde el mismo deberá cumplir con una condena de 17 años y 3 meses, más otros 903 días de multa por hechos de narcotráfico.
Tras la decisión de la Sala Penal de la máxima instancia judicial, de declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Eduardo Lezcano, defensor de José Bogado, luego de que el Tribunal de Apelaciones haya confirmado, por su Acuerdo y Sentencia N° 44, a su vez la decisión del juez penal de garantías Miguel Palacios, por Sentencia Definitiva N° 44, hay vía libre para continuar y llevar a cabo la extradición del requerido.
Lea más: Código “rojo” internacional es independiente a datos que tiene la Policía
La ministra Carolina Llanes fue la preopinante en este caso y señaló “el fallo impugnado, si bien cumplen con el requisito de emanar del Tribunal de Apelación no constituye sentencia definitiva –no resuelve el litigio en forma definitiva-ni constituye una resolución que tenga la virtualidad de poner fin al procedimiento, de extinguir la acción o la pena y tampoco denegar la extinción, conmutación o suspensión de la pena, quedando de esta forma, fuera del catálogo de fallos impugnables por la vía en estudio”.
Agregó posteriormente que “la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la figura de la extradición, por su esencia “no condena ni absuelve”, ya que simplemente examina si se hallan cumplidos en el requerimiento las exigencias formales determinadas en el Tratado de Extradición que rige en ambos países, sin analizar lo atinente al modo en que se aplicó el derecho constitucional”.
Los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, compartieron la decisión y acompañaron con sus votos la decisión de Llanes.
Lea más: Extradición de José Bogado: cierran un proceso pero abren otro
Dos procesos de extradición
En mayo de este año, el juez penal de garantías Rolando Duarte resolvió archivar el proceso de extraidición de José Bogado, debido a que las autoridades del Brasil no habían remitido las documentaciones en el plazo establecido en el Tratado de Extradición, ratificado por ambos países.
Esto en el marco de la orden de captura con fines de extradición dictada, en 2018, por el juez penal de Jaú, São Paulo, Joâo Roberto Otávio Júnior.
Pese al archivamiento de ese proceso, Bogado Quevedo siguió preso en virtud a una nueva orden de captura impartida por la justicia brasileña, que quedó a cargo del juzgado penal de garantías N° 7, juez Miguel Palacios, resolvió la extradición de Bogado a través de su Sentencia Definitiva N° 44.
Lea más: Ja’umina Fest: confirman extradición de supuesto narco requerido en Brasil
En su resolución Palacios hizo lugar al requerimiento del Primer Tribunal Federal de Jaú con Tribunal Federal Especial y Penal – Tribunal Regional Federal de la Tercera Región, de la República Federativa del Brasil. Como parte del proceso, las autoridades debían enviar la documentación en los 45 días siguientes luego de que la Embajada de Brasil recibiera la SD N° 44.
José Luis Bogado Quevedo, alias Kure, resultó herido en el atentado registrado la noche del 30 de enero de este año, en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, donde murieron la influencer Cristina “Vita” Aranda y supuesto narcotraficante Marcos Ignacio Rojas Mora, durante el Ja’umina Fest.
Lea más: Ja’umina Fest: piden juicio para policías por encubrir a supuesto narco requerido por Brasil
Detención José Bogado y policías a juicio
A consecuencia de las heridas de bala, Bogado Quevedo fue derivado a un sanatorio de Asunción, donde fue detenido por la Policía. Tras este acontecimiento se constató que su prontuario policial había sido modificado en 13 oportunidades por dos policías, de distintas dependencias.
Dichas alteraciones se dieron desde la Oficina Regional de Ñeembucú y por esta razón fueron imputados los suboficiales Ramón Balbino Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, y Félix Antonio Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales.
Lea más: Ja’umina Fest: postergan preliminar de policías que habrían ayudado a presunto narco
Ambos agentes de la Policía Nacional fueron acusados por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
Los dos policías deberán afrontar juicio oral y público, así al menos lo decidió el juez penal de garantías Miguel Palacios, tras llevarse a cabo la audiencia preliminar el pasado 14 de setiembre.