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Los miembros del Tribunal de Apelación, Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, ratificaron al magistrado José Agustín Delmás en la causa que investiga el Ministerio Público como presunto desvío de G. 18.300 millones, fondo de la Gobernación de Central que fueron transferidos de forma dudosa a cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
La defensa de los imputados Blas Oddone y Gloria Barrios recusó al juez José Agustín Delmás, sin embargo el Tribunal resolvió rechazar por unanimidad el recurso promovido, confirmando de esa manera al citado magistrado.
Ahora, deben seguir las audiencias de imposición de medidas. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción investiga a 49 personas que formarían parte de un esquema delictivo que aparentemente fue creado dentro de la institución departamental.
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Los procesados acudirán en grupos de cinco personas a las audiencias. Entre los primeros que acudieron se encontraba el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (colorado cartista), quien llegó esposado al Poder Judicial.
Él y otros cuatro imputados acudieron al primer llamado porque el juez Delmás hizo la convocatoria bajo advertencia de aplicar sanciones si planteaban chicanas para trabar la diligencia. Delmás ordenó arresto domiciliario y una caución real de G. 1.000 millones para cada uno.
Se sospecha que en la institución departamental se fraguó un esquema delictivo que operó con la complicidad de funcionarios, directores, proveedores y miembros de cinco ONG para desviar supuestamente más de G. 18.300 millones.
Hugo Javier González Alegre y otras 48 personas fueron imputados el pasado 26 de septiembre de este año por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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Juez reconfirma arresto domiciliario
Una vez confirmado, Delmás rechazó dos apelaciones sobre la medida cautelar de arresto domiciliario otorgado semanas atrás para los procesados José Manuel López Duarte y Cirilo Daniel Darmanas Flores, imputados por el fiscal Juan Manuel Ledesma.
Ambos sospechosos del supuesto desvío del recurso público solicitaron la revisión de medidas y pidieron la libertad ambulatoria y permiso para trabajar, pero el juez especializado José Agustín Delmás rechazó el pedido de las defensas y ratificó el arresto domiciliario, que fue solicitado por el agente Ledesma.
Primera causa, sin jueces
Hugo Javier González Alegre y otras siete personas fueron acusados en otra causa penal por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, en noviembre pasado.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron elevar la causa a juicio oral, sin embargo, una nueva chicana planteada por uno de los últimos imputados dilata el proceso. Hasta la fecha, los jueces especializados María Elena Cañete, Rosarito Montanía, Humberto Otazú y Gustavo Amarilla se inhibieron del caso.
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El imputado Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la administración del destituido gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, ayudó a su exjefe y planteó una chicana, precisamente un día antes de la audiencia preliminar del exjefe departamental.
Los hechos investigados son presunta lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Se sospecha que el esquema delictivo desvió G. 5.105 millones del fondo covid-19, durante la pandemia en 2021.
Las obras previstas no se hicieron, el dinero desapareció y en la rendición de cuentas de la supuesta ejecución de los recursos, la ONG beneficiada y la Gobernación presentaron decenas de facturas clonadas para “justificar” el gasto.
Los acusados son, además de González Alegre, los exfuncionarios de la Gobernación Karina Mazacotte Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana. Queda pendiente la audiencia preliminar de los mismos.
Los últimos imputados por los agentes fueron Miguel Ángel y Natalia Velenzuela, exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano de la Gobernación. Está pendiente la audiencia de imposición de medidas y la Fiscalía solicitó arresto para ambos.