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Barrios explicó que durante la lectura de la sentencia de la Corte IDH, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en referencia al caso Leguizamón, como también su responsabilidad en la violación de los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial, el presidente del tribunal hizo algunas consideraciones.
Entre las consideraciones, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, valoró que el Estado haya reconocido ante el planteamiento de la demanda, las vulneraciones a los distintos hechos contra Santiago, su esposa e hijos, según indicó el procurador.
“Este Gobierno está comprometido con la libertad de expresión y de prensa y que casos como este no se repitan. La propia Corte le da ese valor simbólico a esta sentencia”, indicó Barrios.
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Agregó que ante el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado paraguayo ya hay un gran ahorro en la sentencia, ya que si se interponía alguna acción desconociendo la responsabilidad, la condena podría ser aún mayor.
Corte IDH no determina responsabilidad individual
Sobre si habría posibilidad de cobrar el dinero que el Estado paraguayo debe pagar a la familia de Leguizamón a los responsables de su asesinato, el procurador respondió que una de las falencias del Estado fue desarrollar y concluir una investigación que lleven a los responsables del asesinato.
Aclaró que la Corte IDH tampoco dispone que el Estado deba continuar o reabrir una investigación respecto al caso.
“La sentencia determina que se cree un grupo de trabajo de expertos, que de una manera fuera del poder judicial, se puedan determinar que ocurrió efectivamente”, explicó Barrios.
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Indicó que las sentencias de la Corte IDH no determinan la responsabilidad de las personas individuales, ya que se condena a los Estados.
El Estado paraguayo además debe comunicar los avances a la Corte IDH el 17 de diciembre del 2023.