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Concluye el 2022 como el año más complicado para las aceiteras, que están con inactividad anticipada desde septiembre último por falta de la materia prima, soja, que procesar debido a la sequía y, además, por la inexistencia de medidas oportunas para paliar la situación, según explicó a Sandra Noguera, gerente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), en rueda de prensa, este miércoles.
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Contrapuso que aunque se espera una mejor cosecha de soja en el 2023, si se cumplen las proyecciones actuales, desde Cappro no esperan una total recuperación en la industria ya que las condiciones de competitividad continúan siendo desfavorables.
Dijo que el gremio lamenta que en Paraguay se desaprovecha más de un millón de toneladas de su capacidad para procesar oleaginosas, en promedio, aunque este año dicho valor se duplicó por causa de la merma y será mayor, dos millones de toneladas.
“Si se cumplen los pronósticos iniciales para el campo, la producción de soja podría volver a niveles más cercanos al potencial, que es de alrededor de 10 millones de toneladas, pero esto no asegura una recuperación total para la industria aceitera, ya que las condiciones de competitividad no se han modificado con relación a los últimos años en los que ya se veía una tendencia negativa a pesar de una buena cosecha nacional”, expresó.
Agregó que para consolidar la agroindustria y lograr el desarrollo integral de la cadena de valor es preciso que cuenten con mejores oportunidades para competir con las fábricas de otros países por la materia prima necesaria para aprovechar su potencial de producción.
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Remarcó que Cappro propone un esquema de equiparación tributaria para la industria aceitera con relación al resto de las industrias que exportan, un ajuste normativo para posibilitar la importación de materia prima bajo el régimen de admisión temporaria, con fines de industrialización, y una lucha frontal y sostenida contra el contrabando. Estimó más de 4.200 toneladas de aceites y grasas que se venden en el mercado interno son de origen dudoso, presumiblemente contrabando, que representan un negocio de US$ 151 millones al año.