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La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay emitió un comunicado demostrando preocupación por la acusación de Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por mal desempeño de funciones en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
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Manifiestan que este hecho constituye un grave atentado a los principios de legalidad, institucionalidad y división de poderes del Estado. “La decisión asumida desde el Senado evidencia la intención de menoscabar la institucionalidad y dirigir una investigación penal”, reza el comunicado.
Argumentan además que acceder a datos no públicos podrá afectar el curso de la investigación en Colombia.
Aclaran que las autoridades fiscales apoyaron la investigación colombiana, conforme a la Convención Interamericana sobre la asistencia mutua en materia penal, aprobada en nuestro país por Ley 2194/03. En el comunicado se detalla que, en el caso de la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el crimen aconteció en Colombia y sus autoridades son las encargadas de investigar, procesar y enjuiciar.
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Doldán no tiene facultades investigativas, señalan
Sobre la situación del Abg. Manuel Doldán, agente fiscal de Asuntos Internacionales, tiene la función específica de colaborar con los agentes fiscales en materia de cooperación internacional y no tiene facultades investigativas.
La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay brinda todo su apoyo a los agentes fiscales e insta a las autoridades a respetar la autonomía funcional del Ministerio Público.
La acusación contra los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán fue aprobada el pasado martes por 26 votos a favor, por rechazo hubo 6 votos cartistas, otros 4 se abstuvieron y se registraron 9 ausentes.
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En la acusación, presentada por la senadora Desirée Masi (PDP), se señala que los fiscales acusados han omitido realizar actos de investigación propios de la etapa investigativa tras la requisa de celulares en cárceles del país poco después del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
Masi también cuestionó que por varios días la Fiscalía demostró desconocer dónde estaban los celulares para que luego se diga que fueron entregados a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), sin orden judicial, para que luego se diga que se hicieron las pericias en Paraguay pero que fueron paralizadas por problemas con el “idioma” con el aparato de Kassem Hijazi.