Vía libre para juicio a Javier Díaz Verón y su esposa por presunto enriquecimiento ilícito

La Cámara de Apelaciones rechazó la última chicana presentada por la defensa y confirmó la integración del Tribunal de Sentencia para juzgar al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo. Ahora se debe fijar fecha para el juicio oral y público a los acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El exfiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, brindando declaraciones a la prensa.
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, tras la suspensión del juicio oral el pasado 11 de octubre.Silvio Rojas

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El Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital declaró inadmisible el recurso planteado por el abogado Mario Elizeche Baudo y confirmó a los jueces Cándida Fleitas, como presidenta, Víctor Alfieri y Alba González como miembros del Tribunal de Sentencia que debe juzgar al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

La apelación presentada por Elizeche Baudo, defensor de la pareja, en contra de la integración del Tribunal de Sentencia logró suspender el inicio del juicio oral y público, el pasado 11 de octubre. El letrado argumentó que hubo irregularidades administrativas en la conformación del colegiado.

Según la acusación presentada el 13 de agosto de 2019, el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.

Bienes ilícitos de Díaz Verón fueron blanqueados por su esposa, según fiscalía

Los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal detallan en la acusación que la inconsistencia se empieza a dar en el 2010, con relación al ex fiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto. Ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. Al año siguiente, otro déficit de G. 195.585.539.

En el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078.

Sin embargo, la mayoría de los bienes fueron ocultados a través de su esposa María Selva Morínigo, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471753, siempre según la acusación del Ministerio Público.

Inversiones en empresas y cabezas de ganado

En el año 2010, la mujer empezó a acrecentar el dinero con inversiones, con la creación de la sociedad Lagunitas SA con acciones de G. 4.474.300.000, inversión realizada para la compra de ganado y la construcción de obras en un inmueble de la citada firma.

Las “inversiones” siguieron y, en 2013, María Selva tuvo un déficit de G. 5.417.194.422. La mujer aumentó a G. 260.000.000 el capital de la firma Yerutí SRL (de 2014 a 2017) y en la empresa Salty River SA, María Selva Morínigo intervino y participó como representante de la firma Canto Rodado SA. De esa forma, destinó inversiones de G. 598.227.088.

Entre 2014 y 2017, la esposa del ex fiscal general inyectó capital a Canto Rodado por G. 2.331.888.851. En esa firma, aparecen sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo, quienes no poseen ingresos que justifiquen sus aportes.

Otra forma de ocultar bienes de la pareja fueron las regulaciones de honorarios profesionales de María Selva por un supuesto valor de G. 777.812.539 y con solo 29 facturas.

Comiso especial de los bienes de Díaz Verón y su esposa

Los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal solicitan el comiso especial de los bienes de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo. Piden así el comiso de animales vacunos adquiridos por Díaz Verón por G. 125.875.002 y G. 115.206.850.

Los agentes del Ministerio Público también piden el comiso de varios rodados: un Hyundai Santa Fe (2009) por el que pagó G. 134.765.848, una Toyota Hilux (2014), cuyo costo fue G. 197.363.500, y un Honda HR-V (2016) valuado en G. 164.730.000.

La fiscalía peticiona además el comiso de tres préstamos concedidos sin poder justificar por G. 44.425.536, G. 44.100.000 y G. 19.200.000 con intereses, y un inmueble en Amambay. Además, se piden los activos de las empresas de María Selva, CDAs depositadas en un banco por G. 110 millones y un auto valuado en G. 130 millones.

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