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Cada semana ingresan varias denuncias por maltrato familiar, violencia doméstica entre otros tipos de hechos de maltratos principalmente hacia las mujeres, aunque existen denuncias hechas por los hombres en contra de las mujeres, pero en menor proporción, de acuerdo a los datos estadísticos.
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Según datos estadísticos, en el departamento de Ñeembucú existen 120 casos anuales de denuncias por violencia intrafamiliar.
La defensora Pública de la Unidad Especializada, en la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, Nancy María Ortiz, detalló que en tres años de trabajo registraron 340 causas por maltratos a la mujer de los cuales 324 casos fueron judicializados, todos por violar la Ley Nº 5777/16.
Aclaró que de las 340 causas el 80% corresponde a la ciudad de Pilar y el 20% son distribuidos en los demás distritos del departamento de Ñeembucú.
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La defensora pública resaltó que la mayoría de los casos son por violencia psicológica, física, violencia intrafamiliar, patrimonial y económica. “Nosotros tenemos 10 causas ingresadas por mes; es decir, 120 casos por año y todos son por violencia psicológica, física, violencia intrafamiliar, patrimonial y económica”, detalló.
La defensora pública Nancy María Ortiz mencionó que, por ahora, las mujeres se animan más a realizar las denuncias, lo que anteriormente no ocurría.
“No es que haya más hechos de violencia, sino que las mujeres se animan a realizar las denuncias, eso es lo que pasa ahora. Realmente hay que ser valientes para denunciar, porque tenemos casos que no es que ayer nomás su marido o concubino le maltrató, sino una vida entera”, comentó.
Agregó que existen varios casos de denuncias. “Tenemos casos de matrimonios de 30 o 40 años de casados que denuncian y dicen que ya no soportan (la situación), hay otros casos en que se denuncia la violencia de la suegra, de la madre o que la madre denuncia la violencia de la hija; pero la mayoría son casos de mujeres denunciando a su pareja sentimental”, explicó.
Datos por nota
También recurrimos al Juzgado de Paz, al Ministerio Público y al Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional para obtener datos precisos sobre el caso de la Ley N° 1.600, que establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de uno de los integrantes del grupo familiar, pero las tres instituciones argumentaron que solo brindarán los datos luego de una nota presentada por escrito a los superiores y que una vez autorizada facilitarían dichos reportes.