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En conferencia de prensa brindada este viernes en Mburuvicha Róga, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; la ministra de la STP, Viviana Casco, y el director de la DNCP, Pablo Seitz, describieron algunos aspectos interesantes sobre la nueva Ley de Suministro y Contrataciones Públicas.
El titular de Hacienda indicó que la ley es parte de una serie de reformas por medio de las cuales se plantea que el Estado contrate bienes y servicios de mayor calidad.
Por otro lado, las personas inhabilitadas no podrán crear empresas de maletín para seguir proveyendo al Estado.
En otro orden, mencionó que las mipymes tendrán preferencia en cuanto a las compras públicas y se les dará prioridad para que sean proveedoras del Estado, así como también a la economía local; por ejemplo, los emprendimientos de pueblos originarios.
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Ciudadanía accederá a datos
Asimismo, Llamosas resaltó que la ciudadanía tendrá acceso a toda la información del proceso de compras, en formato de datos abiertos, a través de la plataforma electrónica habilitada por la DNCP.
Un punto muy importante resaltado tanto por Llamosas como por las demás autoridades tiene que ver con que, con esta nueva ley, las autoridades de alta conducción política electas por voto popular y sus familiares no podrán ser proveedores del Estado.
Llamosas destacó que con esta nueva ley se ayudará al proceso de transparencia del gasto público y a mejorar en materia de ahorros para el Estado.
Por su parte, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, indicó que esta ley reemplaza a la anterior que tuvo más de 20 años de vigencia.
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Primará la calidad
“Dentro de los criterios de la compra no solo primará el precio, sino la calidad de los bienes y servicios. Como otra de las innovaciones es importante mencionar la posibilidad y la obligación que el Estado compre el 20% de las mipymes, así como otras compras sustentables que beneficiarán a la economía local”, detalló la ministra.
Por otro lado, se elimina la posibilidad de que empresas de maletín sigan vendiendo al Estado y se mejoraron los plazos para que no sean excesivos.
En otro orden, ahora se apuntará a que el proceso de compra sea transaccional y que las mismas sean planificadas.
Instituciones deberán detallar qué comprarán
Antes de elaborar su presupuesto, las instituciones deberán remitir al Ministerio de Hacienda detalles de lo que van a comprar y esta cartera, junto a la DNCP, analizará qué modalidad de compra se utilizará.
A su turno, el director de la DNCP, Pablo Seitz, dijo que esta nueva ley permitirá que comprar “sea una actividad comercial y no una guerra de papeles”, apuntando así a la compra pública como herramienta de desarrollo.
Aseguró que en un tiempo más se verá en la economía resultados positivos de esa inversión.
“Así podremos sistematizar esta modalidad y canalizar esa inyección de inversión a sectores que necesitan ese impulso inicial”, manifestó.
La ley dispone de herramientas para que las proveedoras no puedan burlar sanciones a través de empresas vinculadas.
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No podrán excederse en procesos
Otro detalle importante tiene que ver con que la ley incorpora plazos restrictivos a las autoridades de las respectivas instituciones, para no excederse en el proceso de contratación, protesta y verificación.
Además, se planea introducir la modalidad de compra conjunta, para así sumar necesidades de instituciones y hacer una única compra a efectos de la eficiencia.
“La ley es aplicable a todas las instituciones públicas, incluyendo el IPS”, señaló Seitz.
Para contrataciones públicas se manejan anualmente US$ 3.000 millones.