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Solamente dos semanas estuvo libre la vereda del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), luego de que los colonos de Santa Lucía, Alto Paraná, estuvieran por más de dos meses y ahora llegó un grupo desde la zona de Toryvete, Hernandarias, del mismo departamento, según pudimos constatar. El grupo de campesinos se instaló nuevamente desde el pasado lunes bajo carpas frente el local del Indert, en reclamo de unas 2.000 hectáreas en Hernandarias.
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Los “sintierras” reclaman como supuestos inmuebles fiscales fincas de la firma forestal “Desarrollo Maderero SA”, que defiende como propiedad privada, razón por la que en 2019 ya hubo desalojo e imputaciones por invasión de estas tierras y uno de sus líderes está para juicio oral.
Según explicaciones del Indert, para el caso Toryvete ya se había ejecutado una mensura judicial, incluso en febrero de 2020 el ente emitió un informe técnico que recomendaba desestimar pretensiones de los “sintierras” al no haber indicios de excedentes fiscales.
Sin embargo, el grupo de campesinos que está de nuevo acampado frente al Indert sigue sosteniendo que las fincas fueron compradas por la empresa de forma irregular y por eso se mantienen en el reclamo de dicha propiedad para la reforma agraria, según dijeron.
El grupo que estuvo durante el año pasado se denominaba Comisión Vecinal San José, pero los que llegaron este lunes dijeron ser de la Comisión Vecinal San Miguel. La extensa propiedad que reclaman había sido invadida por los mismos en 2019 y luego de varios incidentes con la empresa “Desarrollo Maderero” fueron desalojados por una comitiva encabezada por la fiscala Natalia Montanía. En prosecución del cese de hecho punible incluso fueron imputados por invasión de inmueble y coacción un total de 10 personas. Al frente del grupo está Marcial Acosta.
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Según datos del Indert, los títulos presentados por la empresa en el marco de la mensura judicial realizada no son títulos que se hayan originado en la institución, sino que la firma privada compró de otra gente. Se tiene que saber dónde empezó la transferencia de la finca madre, entre otros, indica el ente. Los campesinos se apoyan en la Res. N° 432 del 2009, del Indert, una Res. N° 837 y las sentencias judiciales N° 320, 153 y 274 con los que sostienen la supuesta usurpación.