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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, la diputada Kattya González (Encuentro Nacional) se refirió a las denuncias publicadas en los últimos días por este diario sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y su entorno familiar.
La diputada González señaló como punto de particular preocupación “la forma en que se manipuló la Sindicatura de Quiebras”, un organismo de la Corte Suprema que administra, liquida y remata los bienes de personas declaradas en quiebra y cuyo titular, Blas Velázquez, es un allegado y compueblano del ministro Fretes y fue acusado la semana pasada de estafa.
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Entre 2020 y 2021, Velázquez se vio envuelto en despojos de cientos de lotes ubicados en una de las zonas más cotizadas de San Bernardino, que fueron entregados a precios inusitadamente bajos a una inmobiliaria propiedad de allegados de Juan Carlos López Moreira, socio del expresidente Horacio Cartes.
La diputada González reflexionó que las publicaciones que van revelando nuevos escándalos en torno al ministro Fretes y su entorno dan a los legisladores la obligación de “construir la conciencia colectiva, a ver si podemos cambiar las circunstancias del caso Fretes”, y consideró que hubiera sido conveniente esperar para presentar formalmente el pedido de juicio político al ministro de la Corte –que se presentó la semana pasada– para “ir sumando causales”.
“Esta gente te va a meter un balazo”
La legisladora opinó que, a efectos prácticos, Fretes y sus allegados “construyeron una inmobiliaria” desde la Sindicatura de Quiebras, algo que se consideraba un “secreto a voces”.
“Hay que mirar las casas de la mayoría de los jueces y ministros de la Corte, todas fueron compradas y blanqueadas por una claque”, dijo la diputada del Partido Encuentro Nacional. “Dan a uno o dos abogados que en realidad de abogados tienen poco; son mercaderes que compran las propiedades y las blanquean, habiendo hecho un trato previo con jueces, ministros de Corte”.
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Afirmó que desde la Coordinadora de Abogados se hicieron denuncias sobre este presunto esquema de corrupción, lo que resultó en “grosísimas amenazas”.
“Es un negocio que no se puede afrontar a pecho gentil porque esta gente te va a meter un balazo”, dijo la diputada González.
“Nos toman de estúpidos”
La diputada opositora opinó que dentro de la Corte Suprema existe “toda una ingeniería jurídica para declarar la impunidad del clan Fretes”, señalando como ejemplo el hecho de que se haya aceptado el “permiso mentiroso” que pidió Antonio Fretes alegando motivos de salud, luego de que los escándalos tomaran estado público.
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“Se protegen, nos toman de estúpidos”, protestó. “Me siento profundamente decepcionada como ciudadana, como abogada”.
“Están fundiendo la Justicia en el Paraguay. Fretes tiene que entender que le llegó su hora de salir”, agregó.
Lamentó también la apatía del colectivo de abogados de Paraguay ante la situación en la Corte Suprema, instando a sus colegas a tomar acción.
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“Rodear el Poder Judicial va a dar una señal tan grande de que nosotros podemos empezar a independizarla de las garras de los clanes como Fretes si tomamos esto verdaderamente en serio”, opinó.
Finalmente, cuestionó la falta de acción del Ministerio Público ante las revelaciones hechas por la prensa.
“El Ministerio Público debería estar allanando las casas, la información que ABC está publicando hace más de una semana no puede ser que no tome como cabeza de proceso, es notitia criminis”, señaló.
La controversia en torno al ministro Antonio Fretes se disparó este mes cuando se reveló que su hijo Amílcar Fretes, abogado, firmó en 2021 un contrato para dar asesoría legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba frenar su extradición a los Estados Unidos, un caso que eventualmente iba a ser juzgado por el propio Antonio Fretes en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema.