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El nombre de Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras, volvió al centro de la atención días atrás. En esta ocasión fue denunciado por un supuesto caso de estafa al propietario de una empresa de transporte de su Quiindy natal. Audios y mensajes remitidos desde el teléfono del propio síndico confirman que un transportista les pagó para tratar de conseguir una “solución”.
Velázquez Fernández es compueblano del ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes, quien lo tiene como protegido. En Quiindy, los pobladores lo conocen como la mano derecha del presidente con permiso de la máxima instancia judicial.
Velázquez obtuvo lotes valiosos casi regalados
Entre 2020 y 2021, en el peor momento de la crisis económica y sanitaria, Velázquez se vio envuelto en el caso del despojo de cientos de lotes ubicados en una de las zonas más deseadas de San Bernardino.
A precio regalado, Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman, consiguieron hacerse con 140 lotes en la cotizada zona de Ciervo Cua, en las afueras de San Bernardino.
Apenas G. 480 millones es lo que debía pagar la firma Carwa SA, propiedad de ambos, para hacerse con al menos unos 50.000 metros cuadrados. Supuestamente fue en el marco de la quiebra de una inmobiliaria, pero muchos de esos lotes ya estaban pagados hace años.
Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del grupo Cartes y exjefe de Gabinete Civil del expresidente Horacio Cartes, en Royal Seguros SA y otras varias empresas. Schauman, por su parte, es la escribana que durante años realizó la tramitación de varios de los documentos del exsenador colorado cartista Óscar González Daher (+).
El proceso fue avalado precisamente por la esposa del exsenador cartista, la escribana Nélida Chaves.
El proceso de quiebra de la inmobiliaria que terminó en la entrega de los inmuebles a Heisecke Mazó fue supervisado por el síndico de quiebras Blas Velázquez, esposo de la jueza Clara Raquel Isasi.
Velázquez e Isasi son muy cercanos a la abogada Ana Mora, quien a su vez es representante de Heisecke Mazó, quien terminó favorecido por el esquema ligado a su representante legal.
Mora también es abogada de Leticia Redes, quien fue pareja del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la policía durante los incidentes posteriores al intento de enmienda cartista. Redes fue nombrada tras el incidente en el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde López Moreira era señalado como el que hacía y deshacía.
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Una valiosa mina de oro
En 2018, ABC Color publicó documentos y conversaciones que revelaban cómo el empresario había “apretado” a inversores extranjeros para que abandonen la explotación de una mina de oro en Paso Yobái.
“Vos sabés mejor que nadie que si yo te voy a atacar, no voy a parar hasta que vos estés en Estados Unidos de vuelta o estés preso, porque así voy a estar yo (...) Vendé, firmá y rajá”, es lo que se le escuchaba decir a Eduardo Heisecke Mazó a un empresario extranjero al que le estaban a punto de arrebatar un millonario negocio y al que él mismo le había prometido ayuda.
El audio dejaba oír a Heisecke amenazante e imperativo: había que pagarle 1.800.000 dólares a su abogada Ana Mora, firmar luego los papeles de la venta de la mina guaireña... e irse del país.
El apriete de Heisecke fue el inicio de una pesadilla para los inversores que terminaron siendo despojados de la mina de oro más valiosa de Paso Yobái y que fue entregada a un supuesto testaferro.
La conversación completa giraba alrededor de una mina de oro en Paso Yobái, Guairá. La mina fue concesionada en el 2011 a inversores extranjeros detrás de Minas Paraguay, entre quienes se visualiza a Steven Klaver, Thomas Dalrimple y Dwight Romanica. Esta empresa compró de Talavera y Ortellado el inmueble de 254 hectáreas. En el 2014 comenzaron los problemas en la mina por conflictos con buscadores de oro locales: intermedia el entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó. Este contacta a los inversores con su abogada, Ana Mora.
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Mora se encargó de iniciar una serie de acciones judiciales para supuestamente proteger las inversiones extranjeras. La encargada de entender en el caso fue la jueza Clara Raquel Isasi, la esposa de Blas Velázquez.
Además de los líos judiciales, la abogada Mora consiguió que le regularan sus honorarios en casi US$ 2 millones.
Precisamente, la que le aceptó esa regulación de honorarios fue la jueza Isasi.
Chau concesión
Finalmente, en 2017 el MOPC despojó de la mina a los inversores de Minas Paraguay usaron el argumento de que habían olvidado pagar cánones.
En 2020, Heisecke consiguió más de 50.000 metros cuadrados en una de las zonas más deseadas en San Bernardino en tiempo récord, dejando de lado a quienes pagaron durante años sus cuotas y sus impuestos por esos lotes. La escribana Nélida Chaves fue la que hizo la escritura.
Un millonario pedido
El caso más reciente ligado a este se dio a conocer días atrás.
Silvio Lovera es propietario de la empresa El Tara Transporte y Turismo, firma que explota el tramo Asunción-Quiindy.
“Desde Dinatran me cancelaron la licencia fuera de tiempo”, comenzó relatando.
Lovera tenía abogados con los que ya estaba trabajando para tratar de solucionar la cuestión, pero aparecieron otros que se ofrecían a ayudarlo. Entre ellos, según su relato, estaba Blas Velázquez.
“Esta gente me pidió el monto de G. 150 millones, pero me dijeron que iban a hacer (el trabajo) en 100 millones”, continuó relatando Lovera.
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“De tanto que me apuré, quería resolver mi situación, me tuve que rebuscar, presté hasta de algunos usureros para no fallar con esta gente. Antes de que salga el fallo ya tuve que entregarles los G. 100 millones”, dijo.
El encargado de retirar el dinero fue Diego Isasi, cuñado de Blas Velázquez, presidente de la seccional colorada de Quiindy y hermano de la jueza Clara Isasi (esposa del síndico).
Luego de cobrar el dinero, todos los involucrados desaparecieron y dejaron a Lovera endeudado y sin la licencia que le prometieron.
El “ahijado” del ministro y su bienestar patrimonial
En la ciudad de Quiindy, en el departamento de Paraguarí, los pobladores se preguntan cómo es que los cercanos colaboradores del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes han logrado sumar tantos inmuebles en pocos años.
Blas Velázquez Fernández, síndico de Quiebras y considerado uno de los protegidos de Fretes, es un poblador de esta ciudad que en poco tiempo se volvió un verdadero potentado.
Según su propia declaración jurada de bienes, Velázquez Fernández, estando apenas tres años como síndico de Quiebras, aumentó su patrimonio 1.300%.
La vivienda donde reside el síndico está ubicada en el centro de Quiindy. La casa, de muralla alta, fue ampliada y tiene entradas y salidas diferentes en un terreno que abarca poco más de la mitad de una manzana completa.
La residencia tiene una amplia piscina y cuenta con guardias en forma constante. Se ve el “desfile” de vehículos de alta gama durante todo el día, según vecinos.
En sociedad con su cuñado Diego Isasi –un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y candidato a presidente de una seccional colorada de Quiindy– Velázquez Fernández abrió algunos negocios más en esta ciudad. Por ejemplo, tienen un bar ubicado en plena zona urbana y también una marca de chipa que opera con varias sucursales.
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El crecimiento
El síndico ligado a un par de casos de supuestos despojos millonarios en los últimos años presentó su primera DJ en 2016.
En ese entonces, su patrimonio neto era de G. 63 millones.
Era dueño de una modesta casa en Fernando de la Mora, al menos según la descripción y los valores que él mismo hizo constar, pues tasó el inmueble con su construcción en G. 63 millones.
Además, dijo poseer dos camionetas Mercedes Benz ML 320 ya antiguas y mobiliario por G. 50 millones. No tenía cuentas.
Aún así, Velázquez hizo constar en su DD.JJ. que su patrimonio neto era igual al precio de su casa. Es decir, G. 63.335.200.
La última declaración jurada de Velázquez publicada por la Contraloría es de 2019. Para ese entonces, Velázquez declaró un inmueble en la zona de La Recoleta, Asunción, tasado en G. 800 millones.
Además, de mobiliario por G. 80 millones. No tenía deudas, tampoco vehículos ni dinero en efectivo o en cuentas bancarias, según él mismo.
Así su patrimonio había crecido 1.289% con respecto a lo que declaró en 2016.
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Su esposa, la jueza Clara Isasi, también experimentó un importante bienestar.
La primera declaración jurada de la magistrada data de 2014. En ese entonces declaraba ser dueña solo de dos vehículos. No tenía ni una cuenta bancaria. Su patrimonio era de G. 137 millones.
Para 2020, la magistrada tenía G. 260 millones en cuentas bancarias, otros G. 21 millones en efectivo.
Además sumó un inmueble en Fernando de la Mora y varias inversiones en mobiliarios. Su patrimonio ascendió a G. 413 millones, el triple de lo que declaró inicialmente.
La jueza es directora de la Facultad de Derecho de la UNA, Filial Quiindy, donde en 2021 rindió homenaje a Fretes (protector de su esposo), al que calificó como “hijo dilecto” de la localidad.
Velázquez Fernández no atendió a nuestras llamadas para dar su versión.
Pedido era para jueza, afirmaron
“Blas Velázquez fue el que me pidió G. 150 millones por el trabajo. Me dijo ‘no es luego para nosotros’. Me pidió personalmente. Yo me fui a su casa”, recordó Silvio Lovera en conversación con ABC Color.
Lovera manifestó que Velázquez le dijo que la jueza Sady Carolina Barreto Torres (primera instancia en lo Civil de Paraguarí) era quien recibiría el dinero y que consiguió una rebaja tras habérsela solicitado.
La jueza, siempre según Lovera, llegó a dictar una medida cautelar, pero la misma debía ser confirmada días después. Fue entonces que los abogados, con Velázquez a la cabeza, dejaron de responder al empresario.
Barreto es la misma jueza que semanas atrás ordenó la demolición de la casa de Juan Báez, un modesto poblador de la zona de Mbatovi (Paraguarí).
Báez había denunciado a través de ABC Color que la exviceministra cartista de Tributación, Marta González, pretendía desalojarlo del inmueble fiscal donde vive hace casi 30 años. Y la sentencia utilizada para ello fue calificada de arbitraria por un juez.