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El primero en instalar el tema en el grupo de Whats App “Sentencia capital” fue el juez penal de sentencia Elio Ovelar. quien además de felicitar al juez penal de garantías Wilfrido Peralta por su fallo contra la libertad de prensa y abogaron por la confirmación de la aberrante sentencia.
Al revisar nuestro diario para ver qué podría haber causado la furibunda reacción del magistrado Ovelar, encontramos títulos como “Juez aplazado, con millonario incremento” (2021) y “Denunciado juez millonario apenas pasó la facultad” (2022), entre otras.
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Hijo de juez Ovelar, acusado en caso “tapabocas de oro”
Las publicaciones referentes al escándalo de supuestos durante la pandemia tampoco han de traer buenos recuerdos al juez Ovelar, pues uno de los protagonistas es su hijo.
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Ovelar es padre de Marcelo Rubén Ovelar González (la madre es la fiscala Marlene González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción -UDEA), excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), uno de los siete acusados por la presunta compra irregular de los “tapabocas de oro”.
El caso salió a luz pública cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno.
Según los datos, la institución adquirió 4.000 mascarillas del tipo KN95 a G. 35.000 cada una, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de barbijos.
Los fiscales de Sussy Riquelme y Juan Ledesma afirman que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
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La acusación afirma que con el propósito de darle un ropaje legal al legajo y colaborar con el titular de la Dinac, Marcelo Ovelar no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato e invitó a una sola firma (Proyectos Global SA) que no poseía antecedentes de contratos suscriptos con el Estado ni de haber firmado con entidades privadas.
Llamativamente, a pesar de que la acusación se presentó hace más de 1 año (abril del 2021), hasta ahora no se puede realizar la audiencia preliminar en la que se debe resolver si los acusados van a juicio oral.
Acusado de “burro, prevaricador y chupamedias”
El juez de sentencia Darío Javier Báez Ferreira fue cuestionado por haber admitido una querella de la diputado Cristina Villalba (ANR) contra la diputada Celeste Amarilla (PLRA), en marzo pasado. La parlamentaria no se ahorró calificativos para el magistrado.
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“Ningún parlamentario puede ser enjuiciado por sus dichos. Este juez es un burro, seccionalero, cartista. Debía rechazar in limine, como se hizo con Esmérita Sánchez (PLRA) y Kattya González (PEN). Eso debía hacer este juez prevaricador, chupamedias y empleado de Cartes”, afirmó Amarilla. Báez fue concejal del partido Colorado en Limpio (2010-2015) y aparece en fotos en campaña con el expresidente Horacio Cartes.
Jueza Ocampos abandonó juicio ante presiones
La jueza penal de sentencia Laura Ocampos, quien en el grupo “Sentencia Capital” se ufanaba de que “no voy a permitir que me presionen bajo ninguna circunstancia”, entre otras cosas, fue la primera en correr al ser presionada en un juicio por homicidio culposo.
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Ocampos protagonizó una escena insólita en tribunales al “plantar” a sus colegas y a los justiciables, al abandonar el juicio oral y público a médicos del Instituto de Previsión Social que se encontraba en pleno desarrollo, obligando a su reinicio.
Su inusual conducta, que según la misma explicó fue resultado de presiones que había recibido durante el fin de semana, le valió una sanción de llamado de atención por parte del Tribunal de Ética Judicial (Resolución 4/2018).
Dina Marchuk no supo explicar decisión y cortó
La jueza penal de sentencia Dina Marchuk estuvo en el ojo de la tormenta en agosto del 2020, al integrar el Tribunal de Sentencia que absolvió al sacerdote Silvestre Olmedo en un juicio por acoso, pese a que se comprobaron los hechos denunciados.
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La jueza alegó que el manoseo en los pechos y la espalda no es suficiente para comprobar tal figura penal. Alterada al no poder explicar cómo tal cosa es posible, Marchuk optó por cortar una entrevista radial con Abc Cardinal.
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Esta sentencia fue anulada y el religioso condenado en un juicio posterior.
Pena irrisoria en el caso audios
La jueza penal de sentencia María Fernanda García de Zuñiga, “Mafe” para los amigos, integró el Tribunal de Sentencia que aplicó una irrisoria pena al exsenador Óscar González Daher (+) en el caso conocido como “audios filtrados”, donde se desnudó cómo desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se “apretaban” a los jueces para torcer a la justicia.
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En el 2018, en pleno juicio oral en un caso de corrupción pública con un perjuicio de G. 9 000 millones, causó indignación a los presentes cómo “Mafe” pasó gran parte del tiempo utilizando su celular, en pleno juicio.
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En otro juicio la magistrada simplemente se durmió, según denuncia realizada por los profesionales que participaron del juzgamiento. La abogada Andrea Escobar había presentado una apelación en la causa caratulada “Daniel Alfredo Scaroina s/ Producción de documentos no auténticos”, en la que solicitó la nulidad de dicho juicio, alegando “falta total de concentración” por parte de la jueza María Fernanda García de Zúñiga, quien además de haber llegado con una hora y media de retraso, se dormía en pleno juicio.
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Como el desinterés en la justicia y en la ciudadanía al parecer es compartido por las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, no hubo sanción alguna por una actitud que en un país serio, como mínimo hubiera motivado una sanción por parte del Tribunal de Ética Judicial.
Implacable con acopiador de pila
La jueza penal de sentencia integró el Tribunal de Sentencia que condenó a 2 años de cárcel al ciudadano Rubén Figueredo, por acopiar pilas en tambores para no contaminar el río, por procesamiento ilícito de desechos .
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El fiscal Jalil Rachid había solicitado una pena de 3 años y 6 meses, para asegurar que el ambientalista vaya a la cárcel, pues ante penas superiores a los 2 años no se puede otorgar la suspensión condicional de la pena.
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El fallo, dictado en el 2017, causó gran repercusión en las redes sociales, donde la ciudadanía se volcó en masa para expresar su indignación y repudio a la decisión judicial de castigar a una persona cuyo único pecado fue suplir la inacción de las autoridades en materia de protección al medio ambiente.