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Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), asistirá mañana ante la jueza Penal y de Garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, a las 8:00, para su audiencia preliminar en el caso del desvío del Fondo Covid de G. 5.105 millones.
Álvarez fue imputado hace más de un año por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documento no auténtico y asociación criminal. La ONG recibió G. 5.105 millones de la Gobernación del departamento Central, durante la administración del entonces gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), también imputado, por realizar obras en espacios públicos.
Sin embargo, la fundación CIAP no estaba habilitada de acuerdo a su propio estatuto, para llevar a cabo obras de infraestructura. Ahora, la fiscalía solicita que Álvarez Cristaldo sea beneficiado con el procedimiento abreviado. El pedido será analizado por la magistrada Cañete tras la audiencia de mañana.
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Luego de la comparecencia de Tadeo Andrés, deberá presentarse el síndico de CIAP, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, quien podría ser sobreseído definitivamente.
Audiencia de Hugo Javier será el 30 de este mes
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público, para algunos procesados, como el exgobernador Hugo Javier González, y otras 7 personas.
Los hechos investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Hugo Javier se expone a 15 años de cárcel y deberá comparecer el día 30 de noviembre ante la jueza Cañete, a las 9:00, para la audiencia preliminar.
También asistirán los demás procesados, exfuncionarios de la institución departamental, Karina Mazacotte Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana.
El perjuicio patrimonial gestado durante los últimas días del año 2020 y los primeros meses del 2021, en la época más dura de la pandemia, es de G. 5.105 millones, del Fondo Covid-19. El Ministerio Público logró hasta el momento el reembolso de casi G. 600 millones, del dinero robado. Tres contratistas imputados en la causa obtuvieron sobreseimiento condicional y repararon el daño.
Irregularidades
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y obras fantasma. El dinero estaba destinado a la creación de fuente de trabajo para la población de Central durante la pandemia.
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Según la acusación, el perjuicio patrimonial detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier habría sido consumado mediante un esquema montado con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas.