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El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla Arnica, autorizó por medio de su AI N° 334 la extracción de datos de artefactos electrónicos solicitada por el agente fiscal Carlos Alcaraz, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, en el marco de la investigación del denominado caso Mercat.
Para la diligencia fue designado el perito informático Sergio Salinas, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, quien deberá presentarse el próximo 28 de noviembre a las 10:00 ante el citado juzgado a fin de asumir el cargo y prestar juramento.
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El especialista deberá seguir los puntos de pericia establecidos, que son buscar y extraer de los celulares tarjetas de memoria y chips, mensajes entrantes, salientes, guardados, borradores, así como eliminados y mensajes de voz; también las llamadas entrantes, perdidas, marcadas y de agenda telefónica.
En cuanto a contenido multimedia, se establecieron para la extracción de imágenes, videos y otros datos que puedan resultar relevantes para la pesquisa. Igualmente, solicitó el Ministerio Público la obtención de datos relacionados a las aplicaciones como WhatsApp y otras.
Artículos que serán sometidos a pericia en el caso Mercat
Durante las actuaciones en el marco del caso Mercat, en abril último, la comitiva del Ministerio Público y policías de Antinarcóticos incautaron seis celulares y una tarjeta de memoria del domicilio de Villa Elisa donde estaban Walter José Galindo Domínguez y su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana.
Así también, se incautaron cuatro teléfonos celulares de la casa de Cristian David Galeano Lugo, alias Coco, quien supuestamente formaba parte de la estructura que sería liderada por Walter Galindo y se encargaba de recibir el dinero de las ganancias y de entregarlo a su jefe.
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Otro celular fue incautado de la vivienda de Fernando Rafael Silva Riveros, supuesto secretario de Galindo, y otro teléfono móvil incautado de la casa de Pedro Santiago Godoy Vera, presunto integrante del grupo de microtraficantes que distribuía por el departamento Central las sustancias estupefacientes.
En tanto que del domicilio de Marcos David Ortellado, estudiante del 4° Año de Derecho de la UNA, se incautaron dos celulares; otros tres teléfonos de la casa de Mauro Javier y Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo, ambos estudiantes del 3° Año de Derecho de la UNA, y tres celulares del poder de Héctor David Rivas Cáceres, estudiante del 2° Año de Derecho-UNA.
También se analizará un celular propiedad de Fernando Adrián Ocampos, así como otro teléfono incautado de la casa de Marcos Eduardo Ocampos Benítez, mientras que otros dos celulares incautados en una casa de Ñemby, pertenecientes a una joven que no forma parte de la banda, también serán sometidos al examen forense.
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Galindo pagó para eliminar evidencias, según Fiscalía
El 13 de mayo de 2021, Walter Galindo había sido detenido por primera vez en su vivienda de Villa Elisa. Allí se incautaron 1,450 kilos de cocaína y G. 133.000.000 en efectivo, que estaban guardados en una caja fuerte.
Galindo fue imputado por tenencia de drogas, reducción y violación a la ley de armas. Sin embargo, quedó libre en diciembre de 2021, pues fue sobreseído definitivamente por el caso de la droga y beneficiado con criterio de oportunidad por los demás delitos.
Esto se debería a que, según la investigación del Ministerio Público, desde ese mismo 13 de mayo, con la pesquisa fiscal en curso, habría efectuado millonarios pagos para, primeramente, modificar la sustancia estupefaciente que, según análisis primario, dio positivo a cocaína, por otra de similares características, ya que el resultado del análisis hecho por Laboratorio Forense del Ministerio Público arrojó que era bicarbonato de sodio.
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Novia de Galindo, sindicada como la contadora del grupo
Según la Fiscalía, Galindo también habría pagado para cambiar el celular incautado como evidencia por otro del mismo modelo. Esto, con ayuda de su pareja Luz Guerrero y un principal colaborador, Gerardo Vidal Vallejos Soler (32).
Además, se pagaron millonarias sumas de dinero a médicos privados y del Poder Judicial para obtener certificados en los que constaba que Galindo sufría una enfermedad terminal, así como adicción a las drogas, siempre según la imputación.
Durante el tiempo en que Galindo estuvo encerrado, Luz Guerrero asumió como líder y coordinó los pagos y acciones con su pareja y Gerardo Vallejos. Ella además es considerada por los investigadores la contadora y encargada de lavar el dinero obtenido de la venta de las sustancias ilícitas.