Periodista denuncia que intendente pretende amordazarlo con querellas

ENCARNACIÓN. El periodista de Colonias Unidas Fernando Sotelo denunció que el intendente del distrito de Trinidad, Isaac Aguilar (ANR), pretende usar al poder judicial como mordaza para acallar denuncias en su contra. El comunicador soporta una querella por difamación y calumnia promovida por el administrador comunal.

Fernando Sotelo, periodista, dijo que querella pretende acallar denuncias contra intendente de Trinidad.
Fernando Sotelo, periodista, dijo que querella pretende acallar denuncias contra intendente de Trinidad.gentileza

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De acuerdo a lo señalado por el comunicador, a fines de septiembre pasado Aguilar promovió una querella criminal en su contra por difamación, calumnia e injuria, fundado en una publicación de Facebook.

En dicha publicación se menciona al intendente de Trinidad, Isaac Aguilar, y a un dirigente social al que se identifica como Javier Martínez, como supuestos instigadores de un ataque mediático en contra del intendente de Obligado, Gil Amarilla (ANR-HC). Aguilar y Amarilla serían adversarios políticos dentro del mismo partido.

Esta querella del intendente Aguilar tiene el vano propósito de acallar las denuncias que estamos haciendo desde nuestro medio, dijo Sotelo, y citó un caso de una supuesta compra-venta de un terreno municipal en forma irregular que se publicó en su medio de comunicación, y una denuncia por el presunto hurto de madera de un predio municipal por parte de Aguilar.

El negociado que pretendieron hacer con el terreno fue abortado mediante una denuncia del concejal municipal Roque Olmedo (PPQ), publicado en nuestro medio. Otro caso es una denuncia por hurto de madera de un predio municipal, realizada por un docente jubilado, Gerónimo Lezcano, quien también fue querellado por difamación por este intendente, acotó Sotelo.

Publicación de Facebook que dio pie a la denuncia por difamación promovida por el intendente de Trinidad, Isaac Aguilar, contra el periodista Fernando Sotelo.
Publicación de Facebook que dio pie a la denuncia por difamación promovida por el intendente de Trinidad, Isaac Aguilar, contra el periodista Fernando Sotelo.

El comunicador afirmó que no se hace cargo de la publicación en el Facebook, pero que sí se hace responsable de las denuncias publicadas en su medio “las cuales el administrador comunal no puede desmentir y por eso se toma de una publicación del Facebook en un inútil intento de amedrentarme y hacerme callar”, señaló.

Por su parte, el intendente Aguilar sostuvo que promovió la querella en contra de algunas personas que comenzaron a atacarlo con publicaciones falsas luego de perder ciertos privilegios de que gozaban anteriormente en la Municipalidad. Son algunas personas que “perdieron la mamadera” en la intendencia, y ahora se dedican a desprestigiarme por todos los medios, con denuncias falsas, señaló.

Nadie tiene el derecho a atacar la honorabilidad de las personas haciendo denuncias falsas por eso tomé la determinación de contratar un abogado para iniciar esas querellas y salvaguardar mi buen nombre. Soy un empresario con 30 años de antigüedad, tengo un prestigio y respeto logrados con trabajo y honradez, que estoy dispuesto a defender, explicó.

Isaac Aguilar (ANR cartista), intendente municipal de Trinidad, Itapúa, querelló a periodista por difamación, calumnia e injuria.
Isaac Aguilar (ANR cartista), intendente municipal de Trinidad, Itapúa, querelló a periodista por difamación, calumnia e injuria.

Querella por certificado falso

Además de una querella por difamación, Sotelo fue querellado por el supuesto delito de producción de documentos no auténticos y uso de certificado de salud de contenido falso, con el patrocinio de los abogados Miguel Leiva e Isidro Salinas.

Según la denuncia, Sotelo utilizó un certificado médico de contenido falso para evitar comparecer a la audiencia de conciliación en el caso de difamación, calumnia e injuria, fijada, para el día ocho de noviembre pasado por la jueza de la causa, Eva Silva.

Sotelo presentó un certificado expedido por el Dr. Emilio Barrios, en el que consta que debía guardar reposo por 48 horas por estar aquejado de una amigdalitis aguda supurada. A pedido de la querella, sin embargo, se constituyó en el domicilio del comunicador el médico forense del Ministerio Público, Dr. Pablo Krummel, quien tras una inspección médica le diagnosticó un cuadro de faringitis leve. Para los abogados de Aguilar, esto configura el delito de falsear un documento con el propósito de no comparecer, por lo que promovieron una denuncia por supuesta utilización de un documento de contenido falso.

“El forense me encontró en mi casa y constató que estaba con una faringitis, y esto prueba que solamente busca agarrarme de algún lado para apretarme, porque su demanda por difamación no va a correr, porque no tiene pie ni cabeza”, expresó el trabajador de prensa.

Reacción de médico tratante

El Dr. Emilio Barrios, médico que expidió el certificado médico al comunicador, adelantó que analiza una acción legal contra los que calificaron que el documento que expidió es de contenido falso. “Me siento afectado, aquí atacan mi prestigio como profesional y como persona”, dijo, y agregó que está esperando la convocatoria de la justicia para comparecer y luego ver qué acción legal tomar ante la denuncia en la que se ataca su honorabilidad como profesional en el ejercicio de la medicina.

El señor Sotelo fue atendido en un establecimiento público, fue ingresado al sistema, donde constan los registros de evaluación del paciente, y el diagnóstico y tratamiento médico indicado, señaló.

Respecto de la diferencia de observación entre su diagnóstico y el del médico forense, que encontró una faringitis leve, el Dr. Barrios sostuvo que el diagnóstico forense fue 14 horas después de su atención, y que, obviamente, con la medicación aplicada tuvo que haber mejoría, eso significa que el procedimiento dictado al paciente fue el adecuado.

Asimismo, el médico calificó como “llamativa” la prontitud con que un médico forense fue designado para intervenir en un demanda por difamación, cuando no se tiene la misma celeridad de reacción ante casos de violación de menores, o el levantamiento de un cadáver.

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