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De acuerdo a la denuncia, la ocupación habría sido propiciada por el intendente de Obligado y precandidato a diputado Gil Amarilla (colorado cartista) tras un fallido proyecto de construcción de viviendas populares a través de la Secretaría Nacional de la Vivienda y Urbanización (Senavitat) (hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH), que beneficiaría a unas 240 familias “sintechos”.
Hubo un problema interno por intereses en la ejecución de la obra y ese proyecto fue llevado al distrito de Alto Verá. Entonces el intendente Amarilla metió a esa gente, dentro de una campaña proselitista, de acuerdo a la denuncia.
Se pidió la desafectación de zonas reservadas para plaza pública y espacios verdes, en contradicción a la Ley 5832/2017, que establece los requisitos para la presentación de los proyectos de ley de expropiación o desafectación de inmueble de bien público urbano, explicó Lino Báez.
El proyecto de desafectación, que comprende las fincas identificadas con los números 1.511, 2.495, 3.006 y 3.007, ubicadas en el centro urbano de Obligado, había sido presentado ante la Cámara de Diputados el 25 de octubre de 2017 por el entonces diputado itapuense Mario Cáceres González (ANR cartista).
El proyecto presentado por el diputado contradice lo establecido en la Ley 3.966 “Orgánica Municipal”, que en su artículo 136 se refiere a la afectación del dominio público al privado. La ley establece que un bien del dominio público municipal puede pasar a ser un bien del dominio privado cuando así lo exija el interés general, “a excepción de los inmuebles destinados a plazas, parques y espacios verdes en general”, puntualizó Báez.
Ocupantes no reúnen requisitos para recibir tierras
Sostuvo que la ocupación data del año 2018 y que los ocupantes no reúnen el requisito de la antigüedad de cinco años que exige la ley. Asimismo, los terrenos no reúnen las medidas mínimas exigidas para un loteamiento, ni tienen servicios básicos y comunitarios.
Otros requisitos pasados por alto son una resolución de aprobación definitiva del loteamiento por la Municipalidad de Obligado con la asignación de Padrón o Cuenta Corriente Catastral por parte del Servicio Nacional de Catastro, así como la cantidad y características socioeconómicas de las familias ocupantes, señaló el denunciante.
La situación es una bomba de tiempo para la comuna porque hay personas con una “constancia de ocupación”, una figura legal inexistente, y negociaron esa constancia con terceras personas, que ahora se creen con derechos sobre ese pedazo de espacio público, afirmó.
Versión del intendente
El intendente Gil Amarilla, por su parte, rechazó la denuncia, y sostuvo que todo se hizo en forma legal, buscando una solución a un problema social. No soy ningún torpe como para hacer algo en contra de la ley. Se pidió la desafectación del inmueble con aprobación de la Junta Municipal, se aprobó la desafectación, y todo está hecho conforme a la ley, sostuvo.
Agregó que hay “mucha maldad” detrás de la denuncia, porque “hay gente a la que no le gusta que el pobre también pueda vivir en el centro de la ciudad”, y a muchos se les acabó el “negocio de la dirigencia de sintechos”. Este es un proyecto que viene del año 2014 al que le dimos solución. Cuando asumí el cargo en diciembre de 2015, “era un yuyal, donde la Municipalidad nunca hizo nada”, dijo.
Amarilla señaló que son 143 familias las asentadas en el lugar, tienen un certificado de ocupación expedido por la Junta Municipal, y nadie está autorizado a negociar ese certificado. “Al que compra no le va a servir, porque el certificado dice claramente que es intransferible”, acotó.
La Municipalidad les construyó un pozo de agua potable “porque la Junta de Saneamiento les negó el agua”, y que están por salir las primeras 50 viviendas, que eso “ya depende de la voluntad del gobierno nacional”, concluyó el jefe comunal.