Cargando...
La agente del Ministerio Público, María Estefanía González, de la Unidad Nº 9 de la sede 1 de Asunción, designada para intervenir en la causa de manera provisora, ante la recusación de 62 fiscales del departamento Central, solicitó ayer al Juzgado Penal de Garantías el sobreseimiento definitivo de Jorge Alberto Thompson Zarza, imputado por declaración falsa y producción de documentos públicos de contenido falso, por la fiscal de Luque, Sophia Galeano, actualmente recusada.
Thompson Zarza, en diciembre pasado, se presentó a la casa de la familia Sopeña, acompañado de agentes policiales de la Comisaría 3ª de Luque, para dar cumplimiento a un mandamiento de desalojo presuntamente falso.
Según la investigación de los fiscales titulares del caso, Sandra Ledesma, Augusto Ledesma Blasser y Sophia Galeano, todos de Luque, el juicio donde aparentemente se remató el inmueble de los Sopeña nunca existió. Todos los documentos son falsos. La propiedad está valuada en más de US$ 4.000.000.
Lea más: Medios europeos se hicieron eco del ilegal desalojo de la familia Sopeña en Luque
Sin embargo, la agente interina, María Estefanía González, sostiene que tras la imputación de su colega y “examinando los elementos colectados en el transcurso de la etapa investigativa, a fin de avanzar del grado de sospecha inicial que valió para la imputación hacía la convicción positiva o negativa respecto a los hechos, las mismas no arrojan para esta agente fiscal, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, resultando imposible requerir, de manera fundada, la apertura a juicio oral y público”, dice el requerimiento de González de fecha 15 de noviembre del corriente.
María Estefanía González justificó al imputado en caso Sopeña
Según las primeras investigaciones, el Ministerio Público, en principio, sospechó que Thompson Zarza, formaría parte de una gran red de falsificadores en el que están involucrados funcionarios de juzgados, de estudios contables, y otras instituciones.
Pero la fiscala González, justificó el actuar del procesado y dijo en el documento que “Jorge Alberto se desempeña como oficial de Justicia (…) en ese contexto, el mismo realiza sus funciones de acuerdo a los mandatos librados por orden judicial y que son entregados al mismo por parte de los abogados interesados”.
La agente sigue fundamentando su pedido y alega que el imputado “no tenía la obligación de verificar la veracidad o validez de la orden judicial, sino que la propia norma le impone la obligación de diligenciar los mandamientos que le fueran encomendados”.
Lea más: Caso Sopeña: fueron imputadas cinco personas y entre las mismas aparecen actuarias de un Juzgado
Agrega además que “no se puede atribuir conductas punibles a personas que actuaron dentro del marco legal de sus funciones, a menos que sean conscientes que dicha conducta será utilizada para la concreción de un hecho punible”.
Finalmente, María Estefanía González, sostiene que “no es posible determinar con certeza el conocimiento del hecho antijurídico por parte de Jorge Alberto Thompson Zarza”.
62 fiscales recusados en el caso del despojo ilegal de la casa de la familia Sopeña
Los fiscales de Luque, Sandra Ledesma, Sophia Galeano y Augusto Ledesma Blasser, imputaron a cinco personas en la causa, pero las chicanas impidieron la realización de las audiencias de imposición de medidas, y pese a ello, la Cámara de Apelaciones negó el pedido de prórroga extraordinaria para seguir con la investigación.
Un total de 62 fiscales, todos del departamento Central, que cumplen funciones en diferentes distritos, fueron recusados en reiteradas ocasiones por los procesados. El abogado defensor de la familia Sopeña, Eduardo Bernal, aseguró que los imputados en la causa “se turnaban para recusar a jueces y fiscales”.
Lea más: Caso familia Sopeña: en busca de “evidencias” fiscal allanó vivienda de la víctima
Bernal dijo que “la excesiva cantidad de chicanas presentadas por los defensores del Estudio Jurídico de Gilda Bordón”, una de las procesadas, “evitaron que se realice la extracción de datos de los teléfonos incautados, por ejemplo”.
“De esta manera evitaron que la investigación de la causal llegue a su fin presentando más de 60 incidentes y recursos de apelación. Sobre todo, presentaron más de 50 recusaciones, así también, cabe resaltar qué el Ministerio Público solicitó la prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones del área Central, la cual llamativamente, fue denegada días antes de la fecha de acusación”, explicó el profesional.
Los jueces María Lourdes Cardozo, Guillermo Zillich y Lourdes Fernández Cattebeke, fueron quienes rechazaron el pedido de prórroga del Ministerio Público.
Otros imputados en caso de despojo de la casa de la familia Sopeña
Los imputados en el caso son Gilda Lucía Bordón Roux, propietaria del estudio jurídico “BRS & Asociados”, Elvira Bordón Martínez, actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral, Mouriel Vera Sanabria, actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral, María Monserrat Cera Sanabria, actuaria y secretaria de Bordón Roux, Ema Nilza Turo Martínez, exfuncionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y el oficial de justicia, Jorge Alberto Thompson Zarza, por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Lea más: Caso familia Sopeña: Fiscalía confirma que expediente y juicio de desalojo nunca existieron
Los mismos formarían parte de una red de falsificadores de documentos que luego son utilizados para llevar a cabo desalojos de inmuebles, supuestamente resueltos en juicios, que finalmente ni siquiera existieron. El objetivo principal de la maniobra, según sospecha la Fiscalía, sería que una vez obtenida las propiedades, posteriormente, se proceda a la venta de las mismas evaluadas en altos montos en dólares.