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El período de inscripción culmina mañana a las 23:59. Hasta ahora son 16 los postulantes que se inscribieron como candidatos para reemplazar a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez Astigarraga, cuyo mandato fenece el próximo 10 de marzo de 2023.
La particularidad de este concurso es que se adelantó tanto que antes de las internas coloradas ya se podría contar con un nuevo fiscal general del Estado, sin que eso implique que la actual titular del Ministerio Público deba ceder su puesto de inmediato.
La explicación que dio el Consejo de la Magistratura es que el adelanto del concurso obedece a que el mismo día que vence el mandato de Sandra Quiñónez, cumple 75 años el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
Con esta edad, por mandato constitucional, el ministro de la Corte debe dejar indefectiblemente el Poder Judicial, lo que genera otra vacancia de relevancia.
La lectura política a este concurso
La lectura política que se da es que al adelantar el concurso para la Fiscalía General, Mario Abdo tiene la posibilidad de asegurar un fiscal general de su agrado, sin importar el resultado de una interna colorada, que podría influir en esa elección.
Además, eso le daría margen al oficialismo de negociar el cargo que dejará vacante Fretes, y que en teoría los colorados reivindicarían como suyo, ya que el actual presidente de la Corte proviene de esa agrupación política.
En ese contexto, Mario Abdo Benítez designó como representante del Poder Ejecutivo a un político:,Édgar Olmedo, precandidato a diputado colorado por el movimiento Fuerza Republicana, en el departamento de Caaguazú.
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Olmedo estaba como director en el Instituto Paraguayo del Indigenismo y de ahí fue llevado al Ministerio de Justicia, en reemplazo Cecilia Pérez, quien quedó como asesora de seguridad de la Presidencia de la República.
En ese momento Olmedo sorprendió al confesar que no tenía experiencia en el Ministerio de Justicia, cartera que se encarga principalmente del manejo de las cárceles del país.
Empero, Olmedo indicó que por su profesión de abogado se consideraba idóneo para el cargo.
Sorprendió más cuando dijo que aprendería por el camino, basado en la experiencia que iba a recoger en el cargo.
El presidente se llamó a silencio
Cuando estaba llegando el tiempo que debía renunciar a la cartera de Estado para profundizar su campaña política, Olmedo fue nombrado representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en plena campaña electoral, lo cual no es ilegal, pero sí poco ético por la influencia política que se puede ejercer en la Justicia desde esa institución, encargada de conformar ternas para el Poder Judicial, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Olmedo asumió el cargo y horas después se conoció que la funcionaria penitenciaria Dina Coronel le pasó una información sensible sobre el supuesto destino que tuvieron los secuestrados por grupos criminales del norte, Óscar Denis, exvicepresidente de la República, y Félix Urbieta, ganadero.
Esta información la pasó por alto el exministro lo que derivó en una andanada de críticas hacia el gobierno de Abdo, por la mala decisión tomada por este funcionario que no informó de nada a la fiscalía, ni mucho menos a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, Mario Abdo se llamó a silencio y de esa forma dio su respaldo tácito a Olmedo para que siga formando parte del Consejo de la Magistratura, en representación del Poder Ejecutivo.