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Los hechos investigados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Son 16 personas las sospechadas de las cuales 8 fueron acusadas, 3 podrían ser beneficiadas con salida procesal, 3 contratistas obtuvieron sobreseimiento condicional y otras 2 fueron recientemente imputadas tras comprobarse la participación de ambos en el esquema delictivo creado desde la Gobernación del departamento Central.
El perjuicio patrimonial gestado durante los últimas días del año 2020 y los primeros meses del 2021, en la época más dura de la pandemia, es de G. 5.105 millones, del Fondo Covid-19. Es importante destacar que hasta el momento fue recuperado por la Fiscalía de Delitos Económicos casi G. 600 millones, del dinero robado.
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y obras fantasmas. El dinero estaba destinado a la creación de fuente de trabajo para la población de Central.
Ahora, la jueza Penal y de Garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, fijó fecha para la audiencia preliminar de los acusados por la Fiscalía, para el 30 de noviembre a las 09:00. Deben presentarse Hugo Javier González Alegre, colorado cartista, exgobernador, además de los exfuncionarios de la institución departamental, Karina Mazacotte Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana.
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Pero antes, deberán presentarse ante la magistrada miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), fundación beneficiada con el total del dinero público mencionado, también para la audiencia preliminar correspondiente.
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En este caso los procesados son Paulino de Los Santos Palacios, tesorero de la oenegé, que debe comparecer el 24 de noviembre y la Fiscalía solicitó para el mismo el requerimiento de suspensión condicional del procedimiento.
También fueron llamados Tadeo Andrés Alvarez Cristaldo, presidente de CIAP y Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, síndico, ambos para el 25 de noviembre. Los requerimientos son procedimiento abreviado y sobreseimiento definitivo, respectivamente.
Según la acusación, perjuicio patrimonial detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier, habría sido consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas, según el documento fiscal.
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En la causa fueron imputados recientemente, Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la Gobernación y exasesor del destituido gobernador y la exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano, Natalia Valenzuela, por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
El Ministerio Público pidió como medida cautelar, arresto, para ambos y la audiencia de imposición de medidas será el 9 de diciembre en San Lorenzo.
La semana pasada, la jueza María Elena Cañete, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y la prohibición de innovar y contratar para los dos imputados.