Cargando...
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, acusaron al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y otras siete personas, por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Los agentes pidieron juicio para los procesados por un perjuicio de G. 5.105.600.000.
En el marco de esta investigación, la jueza Penal y de Garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, fijó fecha para la audiencia preliminar de Hugo Javier y los demás acusados. Será el 30 de noviembre a las 09:00.
Junto con Hugo Javier, el “N° 2″, también fueron acusados los funcionarios de la Gobernación: Karina Mazacotte Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana.
Lea más: Ratifican imputación contra Hugo Javier
Según la acusación, perjuicio patrimonial detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier, habría sido consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas, según el documento fiscal.
Dos nuevas imputaciones en el caso que investiga a Hugo Javier
Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la Gobernación del departamento Central, y exasesor de Hugo Javier, fue imputado el pasado 1 de noviembre por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
También fue imputada la exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano, Natalia Valenzuela, por la misma comisión de hechos. Los fiscales Estigarribia, Arzamendia y Cabrera solicitaron arresto para ambos imputados. La audiencia de imposición de medidas será el 9 de diciembre.
Lea más: Imputan a Hugo Javier y otras 49 personas en nueva causa
Ayer, la jueza María Elena Cañete, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y la prohibición de innovar y contratar para los dos imputados. El requerimiento fue realizado por los fiscales que atienden la causa.