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La audiencia de conciliación entre el exdefensor del Pueblo Miguel Godoy Servín y la querellante Silvana Patricia Cáceres Irala se realizó en la mañana de este viernes 4 de noviembre, pero no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que el caso fue elevado a juicio oral y público por el juez penal de sentencia Darío Javier Báez Ferreira.
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No hubo acuerdo entre partes
Tras una breve conversación entre las partes, Godoy Servín manifestó en la audiencia que era imposible llegar a un acuerdo ya que no tiene la cuantía exigida por la querella autónoma que asciende a la suma de G. 400 millones. Godoy Servín manifestó que podría pedir disculpas públicas si se sintió agraviada Silvana Patricia Cáceres y le reiteró que no tiene la posibilidad económica de dar lo que pide la querella.
Por su parte, el abogado representante de la querella autónoma Cristian Adán Giubi manifestó que menos de G. 400 millones no va a aceptar porque su cliente vendió terrenos, su vehículo y aún así quedó con deudas luego de que se le dio por terminadas sus funciones en la Defensoría del Pueblo.
Ante la falta de acuerdo entre las partes, el juez Darío Báez Ferreira manifestó que elevará la causa a juicio oral y público, que admite las pruebas ofrecidas por la querella y se le da un tiempo para que Godoy Servín presente sus pruebas.
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Los demás querellados
Además del exdefensor del Pueblo Miguel Ángel Godoy Servín, también fueron querellados por difamación, calumnia e injuria los funcionarios de esta institución Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria.
En el caso de los acusados Ishiy Giménez, Rolón Ferreira y Sanabria, ya tenían fecha de juicio oral que fue fijado para el 20 de octubre de 2022, a las 8:00, pero la misma será reprogramada por el tribunal de sentencia unipersonal, para realizar una sola audiencia en la que va a estar incluido el exdefensor del Pueblo.
Los citados tres acusados tampoco habían llegado a un acuerdo con la querellante Silvana Patricia Cáceres Irala en la audiencia de conciliación y el 1 de junio de 2022, el juez Báez Ferreira ya había elevado el caso a juicio oral y público.
En el caso de los acusados Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, el proceso estuvo más avanzado con relación al exdefensor Godoy Servín, ya que éste último tenía fueros lo que constituyó un impedimento legal para que la querella autónoma pueda proseguir normalmente.
La admisión de la querella
El 30 de junio de 2020, el juez penal de sentencia Darío Báez Ferreira admitió la querella promovida por Silvana Patricia Cáceres Irala, contra Godoy Servín, Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, por la supuesta comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria.
La querellante manifestó que el 11 de octubre de 2019, en su condición de funcionaria de la Defensoría del Pueblo, se encontraba cumpliendo labores de asistente de la Dirección de Delegados del Interior. Agrega que por un medio de prensa tomó conocimiento de que fue destituida como directora de Contabilidad (cargo que ya no estaba ocupando) y luego fue desvinculada de la Defensoría del Pueblo, con una antigüedad de 16 años y 3 meses.
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La acusaba de planillera y farrista
A Silvana Patricia Cáceres Irala la acusaron de planillerismo, adulteración de reposos médicos y de farrista, supuestamente en las declaraciones que realizó Godoy Servín a un medio de prensa, siempre según el escrito de la querella autónoma patrocinada por el abogado Cristian Giubi.
Por su parte, el exdefensor del Pueblo Miguel Godoy Servín afirmó que las constancias que obran en la institución revelan que Cáceres Irala faltó laboralmente nada menos que 7 meses en un año, porque los certificados médicos que acercó no estaban visados por el Ministerio de Salud. Agregó que no se le hizo sumario para destituirla porque ocupaba un cargo de confianza.