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Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la Gobernación del departamento Central y exasesor “de lujo” del destituido gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), fue imputado el 1 de noviembre por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
La jueza Penal y Garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de Miguel Robles, así como la prohibición de innovar y contratar sobre su patrimonio.
La medida de la magistrada también afecta a la exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano de la Gobernación de Central, Natalia Valenzuela, imputada junto a Robles por la comisión de hechos.
El requerimiento fue realizado por los fiscales que atienden la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera.
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Audiencia será en diciembre
Los agentes del Ministerio Público solicitaron arresto como medida cautelar para Robles y Valenzuela. La jueza María Elena Cañete fijó audiencia de imposición de medidas para el 9 de diciembre para los exfuncionarios de la administración departamental.
Robles, “cerebro” del esquema
La Fiscalía sospecha que Miguel Robles sería el creador de un esquema delictivo que maniobró para el presunto desvío de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, que el ejecutivo desembolsó a la Gobernación del departamento Central, administrado en ese entonces por el destituido Hugo Javier González (imputado en la misma causa) para reactivar la economía generando fuentes de trabajo durante la pandemia.
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En las rendiciones de cuentas aparecen varias facturas clonadas. Además, el Ministerio Público sostiene que las obras citadas en la supuesta ejecución del dinero, en realidad fueron hechas mucho antes del desembolso que el Ministerio de Hacienda hizo a la cuenta de la Gobernación.
Según el acta de imputación, Hugo Javier y Lourdes Verónica Lezcano Decoud (imputada), exsecretaria general de la Gobernación, habrían firmado dos resoluciones autorizando los desembolsos de G. 5.105 millones a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo presidente es Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo (imputado), para la ejecución de las obras.
De acuerdo al Ministerio Público, en la jugada aparece Miguel Ángel Robles Ibarra, quien entre mayo y julio del 2021 habría coordinado con otros funcionarios de la Gobernación, representantes de la Fundación y contratistas, la creación, modificación y adecuación de los convenios específicos, contratos de obras, facturas y respaldos documentales que justificarían cuatro desembolsos que sumaban precisamente G. 5.105 millones.
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La Gobernación de Central y la ONG CIAP presentaron dos rendiciones de cuentas que justificarían la presunta ejecución del dinero público en la Contraloría General de la República (CGR).
En la primera rendición, Miguel Robles, en mayo del 2021, habría solicitado al presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, datos escaneados de su entidad, es decir, el RUC, cédulas de identidad de Tadeo Álvarez (presidente) y Paulino de los Santos (tesorero), escritura pública y otros documentos, que debían de tenerse antes de los desembolsos efectuados.
Robles, se comprometió a rediseñar esta presentación ya que en ella existían varias facturas irregulares, que eran clonadas o bien no emitidas por los titulares. Para “rediseñar” la rendición de cuentas, organizó que dichas facturas irregulares sean reemplazadas por otras facturas que serían presentadas en una “nueva rendición”, indica la investigación.
La sospecha de la fiscalía apunta a que Robles habría tenido a su disposición una factura original que sería la presentada irregularmente y que posteriormente habrían querido negarla.