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El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, presentó su requerimiento conclusivo en la causa conocida como “obras fantasma”. En tal sentido, acusó al exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. En consecuencia, pidió al juzgado de garantías que afronte juicio oral y público.
Esto por un perjuicio patrimonial detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier y que totaliza la suma de G. 5.105.600.000 y que habría sido consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas, según el documento fiscal.
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Junto con Hugo Javier, el “N° 2″, también fueron acusados los funcionarios de la Gobernación Karina Mazacote Widmar, Adalberto Benítez Aguilera, Lourde Lezcano Decoud, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araújo, Modesta Escobar Valiente y Édgar José Zaracho Quintana.
En tanto que otro de los que fueron procesados, el presidente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez, finalmente fue beneficiado con el procedimiento abreviado.
Por otra parte, el representante del Ministerio Público también presentó una nueva imputación, por el mismo caso, contra Miguel Ángel Robles Ibarra, quien entre enero y julio de 2021 se desempeño como director general de gabinete de la Gobernación, y Natalia Soledad Valenzuela Gómez, quien se desempeñó como secretaria de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
Ambos funcionarios de la gobernación están siendo investigados por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, pues se presume que tuvieron alta participación en el esquema preparado para el robo en la entidad, encabezado por el destituido gobernador Hugo Javier González.
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Gobernador ordenó desembolsos sin tener detalles sobre obras
Según datos recogidos por la Fiscalía durante la etapa investigativa, el 29 de diciembre de 2020, el entonces gobernador Hugo Javier González habría autorizado a través de dos resoluciones, presuntamente firmadas también por la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, desembolsos de dinero para la ejecución de obras a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo presidente es Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, con financiamiento proveniente de los Fondos para la Reactivación Económica a causa de la emergencia sanitaria declarada por ley, sin tener a la vista proyectos concretos que justifiquen la erogación.
Dichas sumas desembolsadas se dieron presuntamente en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la Fundación CIAP, como “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000.
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Estos proyectos no detallaban las obras que iban a ejecutarse ni el lugar, sino que solo estaban especificados los montos solicitados para cada obra que se debía realizar en el marco del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GDC y los municipios del Departamento Central”, al que llegaron Hugo Javier y Tadeo Álvarez.
Pese a todas esas irregularidades, el secretario de obras públicas de la Gobernación, arquitecto Armando Soler Espínola, y el director de asesoría jurídica, Édgar Zaracho Quintana, habrían dictaminado a favor de la vialidad de los trabajos. Así también, el jefe de presupuesto de la Dirección General de Administración y Finanzas, Guido Portillo Torres, informó sobre la disponibilidad presupuestaria y el titular de esta dirección, Javier Marcelo Rojas, solicitó la autorización de pago en favor de la Fundación CIAP.
Órdenes de pago a la fundación
Así también, el Ministerio Público constató que la fundación incumplió su obligación de presentar rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR), en tiempo oportuno y de conformidad a la Ley de Presupuesto, y debido a esto no podía recibir nuevos desembolsos a su cuenta. Dichos desembolsos totalizaron G. 5.105.600.000.
De esta forma, solo el 3 de febrero de 2021, la Gobernación libró cuatro cheques a nombre de la Fundación CIAP, por valores de G. 2.297.520.000, G. 765.840.000, G. 510.560.000 y G. 1.531.680.000. Las hojas fueron retiradas por el tesorero de la ONG, Paulino De los Santos, el 5 de febrero y efectivizó tres de ellos, el 12 de febrero, en ventanilla del Banco Nacional de Fomento.
En tanto que el cheque emanado por valor de G. 2.297.520.000, habría sido efectivizado en ventanilla por Nicolás Álvarez Doria, síndico de CIAP, el 10 de febrero. Este, además, habría sido quien presentó los proyectos ante la oficina de Mesa de Entradas de la Gobernación entre el 17 y 19 de noviembre de 2020.
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Según la rendición de cuentas relacionada a los fondos desembolsados, recién el 12 de mayo de 2021, Tadeo Álvarez, presuntamente habría remitido vía correo electrónico a la Contraloría General de la República los formularios firmados por él y por Paulino De los Santos, así como las facturas respaldatorias de los proyectos aparentemente ejecutados, mas no los contratos de obras.
Álvarez habría presentado recién el 18 de mayo de ese año esos mismos documentos en Mesa de Entrada de la Gobernación, a cargo de Lourdes Lezcano.
Detectaron presuntas facturas falsas
El 25 de mayo de 2021, Tadeo Álvarez envió nuevamente a la Contraloría otro correo con el fin de presentar una rendición de cuentas rectificativa, pero en relación a las planillas sobre los desembolsos de G. 510.560.000, con cambio de la fecha de 15 de febrero de 2021 a 23 de febrero de 2021, y en la planilla de los G. 765.840.000 rectificó la fecha de la factura cambiándola de 25 de febrero de 2021 a 24 de febrero de 2021.
Por su parte, Hugo Javier González presentó ese mismo 25 de mayo las mismas rendiciones de cuenta, junto con la documentaciones de respaldo, al Gabinete Civil de la Presidencia de la República y en el sistema de la Contraloría, conforme a lo establecido en la Ley 6.641/20, en connivencia con Javier Rojas Giménez.
Sin embargo, mediante la investigación se pudo constatar que las facturas presentadas por Hugo Javier González y Tadeo Álvarez no se corresponderían con la realidad y, en ese sentido, comparecieron proveedores que informaron no haber prestado ningún tipo de servicios a la fundación ni mucho menos participado en ejecución de las obras.
En este contexto, los supuestos firmas proveedoras “V.R. Ingeniería S.A.”, “AR Electricidad S.R.L.” y otras desconocieron a la Fundación CIAP y las facturas obrantes en las rendiciones de cuenta. Además, manifestaron a través de sus representantes que sus facturas fueron clonadas y adjuntaron ante la Subsecretaría de Estado de Tributación los comprobantes originales.
Otros supuestos proveedores dijeron desconocer que sus facturas fueron utilizadas y que no conocían a la Fundación CIAP. En cambio, otros sí refirieron que emitieron facturas para la Fundación CIAP, pero que supuestamente no llegaron a cobrar por los trabajos realizados. En otro caso, proveedores indicaron que sí emitieron facturas rendidas aunque nunca prestaron servicios para la Fundación CIAP, sino que eran funcionarios de la Gobernación, conocidos como “funcionarios por transferencia”.
A su vez, todos estos “funcionarios por transferencia” coincidieron en que presuntamente la modalidad de trabajo en la que se manejaban era práctica común dentro de la Gobernación y que todos los jefes, incluida aparentemente Lourdes González Decoud y Hugo Javier González, estaban al tanto de que se les solicitaba que sus facturas sean emitidas a nombre de la Fundación CIAP.
Llamativamente, luego de que este caso tomara estado público a través de los medios de comunicación, Hugo Javier presentó otra rendición de cuentas en la que todas las facturas irregulares fueron reemplazadas por comprobantes de compras totalmente diferentes.
El agente del Ministerio Público señala en su escrito que en esta segunda rendición de cuentas sí acompañó los detalles de las supuestas catorce obras ejecutadas, donde puede apreciarse, en primer lugar, que aparentemente todos los contratistas fueron invitados y notificados de las adjudicaciones de obras mucho antes de que hubiera alguna resolución de autorización de desembolso de los Fondos para la Reactivación Económica.
Esquema montado para el fraude
El fiscal Estigarribia refiere en su documento que con las facturas presuntamente apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas aparentemente se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier González como gobernador a favor de Tadeo Álvarez, mientras que las de la segunda presentan inconsistencias y no llegan a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto, pudiendo existir entre la primera y la segunda rendición un perjuicio patrimonial importante.
Entonces, a partir de los hechos se tiene la sospecha de que existiría un esquema montado dentro de la Gobernación de Central para lograr las sumas de dinero a través de proyectos de “obras fantasma”, en el cual estarían involucrados funcionarios, responsables de la Fundación CIAP y contratistas.
En ese sentido, se habría solicitado y pagado por obras inexistentes en papeles en su momento y que luego se habría acomodado la documentación para tratar de justificar las erogaciones realizadas.