Miguel Ángel Robles Ibarra y Natalia Soledad Valenzuela Gómez fueron imputados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Los procesados habrían tenido activa participación en el presunto desvío de fondos de G. 5.105 millones, parte de US$ 1 millón del fondo COVID-19 que el Gobierno desembolsó a la Gobernación del departamento Central en diciembre de 2020 para la reactivación de la economía en este departamento durante la pandemia. El dinero era para generar fuentes de trabajo y ayudar a hospitales.
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Supuesto “maletinero”
Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra es conocido como “El maletinero”, por sus antecedentes cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), periodo en que fue imputado por soborno agravado en el 2008, tras la denuncia de una recaudación paralela de maletines.
En ese entonces se desarticuló una red que se dedicaba a la recaudación en negro en las oficinas de la ANNP y donde el propio titular de aquel momento, Albino González, denunció la existencia de maletines “para la corona” y la entrega semanal y quincenal de dinero negro. En total, 13 funcionarios portuarios, entre ellos Robles (exadministrador en Chaco’i), fueron filmados con cámaras ocultas e imputados luego por “soborno agravado” por el exfiscal Giuzzio.
Aseguran que Robles, a quien señalan como “el gobernador de facto”, es el que administra los recursos públicos que recibe la Gobernación y contratos del personal. Fue denunciado por llevar a su propiedad un invernadero construido con fondos de la Gobernación, así como maquinaria.
Familiares del “maletinero” también imputados
Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra, cuñada y hermano, respectivamente, de Miguel Ángel Robles Ibarra fueron imputados el pasado 26 de septiembre por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, por lesión de confianza en carácter de cómplices.
Según datos, los procesados residen en Concepción y su actividad comercial también figura en dicha ciudad del departamento de Concepción, pero supuestamente prestaron servicios para la Gobernación de Central.
El presunto daño patrimonial causado por ambos imputados sería de G. 322 millones, presumiblemente. Los datos de los comprobantes solo existen en la planilla de rendición de cuentas de la Gobernación, pero no físicamente; es decir, la millonaria transferencia no tiene respaldo documental.