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En diciembre de 2021, la CGR emitió un primer informe sobre los hechos irregulares detectados en la utilización del fondo de emergencia por parte de la administración de José Domingo Adorno al frente de la Gobernación de Alto Paraguay.
La institución remitió una serie de respuestas que el ente contralor consideró insuficientes y por lo cual se ratificó en abril pasado sobre la existencia de irregularidades.
El informe fue tomado como base para la presentación de una denuncia por parte de los concejales departamentales, que a su vez derivó en la apertura de una causa que quedó a manos del fiscal Juan Ledesma.
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A pesar de que ha transcurrido casi un año y los ediles se ratificaron en su denuncia, la Fiscalía no realizó siquiera un allanamiento para requisar documentos.
Millones para Vicariato
Al igual que los otros gobiernos departamentales, la institución encabezada por Adorno recibió dos desembolsos de US$ 1 millón en el marco de la pandemia. Todavía debe enviar sus descargos con respecto a las observaciones realizadas por el ente de control.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco, para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por el monseñor Gabriel Escobar –considerado amigo de Adorno–, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos.
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Por ejemplo, en una factura presentada en 2020 se señala que la finalidad son “actividades de organizaciones religiosas”. En otro documento presentado en 2021, sin embargo, el margen se había ampliado y se podía leer: “Actividades de organizaciones religiosas. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. Enseñanza preescolar, primaria. Servicios de apoyo a la enseñanza”.
En ninguna parte de sus objetivos se menciona la realización o ejecución de obras. Además, en el acta de constitución remitida como parte de la rendición de cuentas, solo se habla del territorio abarcado por el Vicariato, pero no declara sus objetivos.
Además, la Contraloría detectó que se realizaron pagos dobles por obras que ni siquiera fueron entregadas ni terminadas, como el caso de un polideportivo de G. 392 millones por el que pagó G. 784 millones.