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Matthew M. Graves, fiscal del Distrito de Columbia, relató en un extenso informe los motivos por los cuales se solicitó el decomiso del avión Boeing 747-300, que operaba bajo la bandera de la compañía venezolana Emtrasur.
El Boeing estuvo en Paraguay en mayo pasado para llevar un cargamento de cigarrillos fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.
Si bien la aeronave operaba supuestamente como parte de la compañía estatal venezolana, Graves -representante del Departamento de Justicia- señala que para el gobierno de Estados Unidos la misma sigue perteneciendo a la iraní Mahan Air, aerolínea propiedad del estado Persa.
Soporte a terroristas
Graves relató que el 19 de enero de 1984, el gobierno de Estados Unidos designó a la República Islámica de Irán como un Estado “sponsor” del terrorismo.
En 2020, año en el que fue emitido el más reciente informe del Reporte de Países en terrorismo, el departamento de Estado concluyó que “Irán continúa sus actividades vinculadas al terrorismo, incluyendo el soporte a Hezbollah, grupo palestino en Gaza y varios terroristas y grupos militantes en Irak, Siria y varios lugares más en Medio Oriente”.
Además, según el informe de Graves, el Departamento de Estado, descubrió que “Irán utilizó los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica - Fuerza Quds (IRGC - QF por sus siglas en inglés) para proveer soporte a organizaciones terroristas, proveer cobertura para operaciones y crear inestabilidad en la región”.
“Las IRGC-QF son el primer mecanismo de Irán para crear inestabilidad en la región”, agrega el informe del Departamento de Estado citado por el fiscal del distrito de Columbia.
La Guardia Revolucionaria es un ala de las fuerzas militares de Irán cuya misión es “defender el sistema político del país”.
A su vez, las Fuerzas Qud son “una rama del IRGC que se especializa en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar”.
Además, Graves relata que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determinó que las actividades de la Guardia Revolucionaria “incluyen la proliferación de armas de destrucción masiva y sus formas de distribución”.
Informes de la OFAC señalan precisamente a Mahan Air como parte del esquema de distribución de las armas de destrucción masiva
Vinculados estuvieron en Paraguay
La misma aeronave sobre la que pesa un pedido de decomiso de Estados Unidos, había aterrizado el 13 de mayo último en el Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú. Dejó el Paraguay tres días después, el 16 de mayo.
No existen registros de los movimientos realizados por sus tripulantes. Solo se sabe que los mismos estuvieron hospedados en el hotel Dazzler de Ciudad del Este.
La presencia del avión también llamó la atención debido a que en ese momento llegó con una tripulación confirmada de 18 personas. Habitualmente esa clase de vuelos se realiza con entre seis y siete tripulantes.
El capitán del vuelo desde Venezuela hasta Alto Paraná fue Gholamreza Ghasemi, señalado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) como miembro de la Fuerza Qud, ala de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, señalada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos desde 2019
Además, Ghasemi es administrador de Fars Air Qeshm, aerolínea iraní sancionada por el gobierno de Estados Unidos.
Ghasemi y los demás miembros de la tripulación se hospedaron en el Hotel Dazzler de Ciudad del Este, hasta donde llegaron acompañados de policías. Sin embargo, según datos revelados por autoridades, los tripulantes realizaron recorridos.
Una denuncia presentada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) también reveló que los miembros de la tripulación iraní-venezolana se encontraron con un hombre ligado a una empresa vinculada a un investigado en el marco del operativo “A Ultranza Py”.
De acuerdo a la denuncia, Ezequiel Santoro Da Silva es el nombre del ciudadano uruguayo que supuestamente se encargó del traslado de los miembros de la tripulación del avión iraní vinculado a organizaciones terroristas.
Santoro Da Silva se presentó ante los investigadores como propietario de la firma Adshey Turismo y Transporte de Ciudad del Este y afirmó haber subcontratado a la firma TyT Mauani, propiedad de Eugenio Díaz Ocampos.
Santoro Da Silva y Díaz Ocampos son investigados por estar supuestamente ligados a una red de trata de personas, de acuerdo a los elementos colectados y presentados por la Senac.
De acuerdo a datos que constan en la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Itaipú Binacional, el propietario de Adshey Turismo y Transporte es realmente Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien es hijo de Santoro Da Silva.
Según los informes entregados al Ministerio Público, Santoro Vasallo es además muy cercano al también uruguayo Sebastián Marset Cabrera, cabeza del esquema de narcotráfico y lavado de dinero desmantelado en el marco del operativo “A Ultranza Py”.