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El Ministerio Público investiga una segunda causa en la cual fueron desembolsados millonarios fondos por la Gobernación del departamento Central, durante la administración (inconclusa) del exgobernador colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), en los años 2019 y 2020.
De los G. 24.000 millones desembolsados en los ejercicios fiscales mencionados, hasta ahora, el agente afirmó que G. 18.300 millones no tienen respaldo documental y habrían sido desviados a través de un “esquema delictivo” creado desde la Gobernación y que habría estado encabezado por González Alegre y otras 49 personas.
Según evidencias incautadas, más de G. 828 millones corresponden a facturas presumiblemente clonadas. Más de G. 14.203 millones corresponden a facturas emitidas en concepto de bienes y/o servicios presumiblemente no proveídas ni prestadas. Y más de G. 3.352 millones supuestamente ejecutados no tienen respaldo documental.
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Exdirigente luqueño, parte del esquema
Juan Darío Cáceres Abbate (73) fue imputado el pasado 26 de septiembre por lesión de confianza en carácter de cómplice.
El expresidente del club Sportivo Luqueño “habría emitido 5 facturas, por la suma total de Gs. 249.600.000, por servicios y bienes que no habría proporcionado, y habría facilitado las mismas, para su utilización como respaldo documental de las rendiciones de cuentas”, dice parte del acta de imputación.
El fiscal Ledesma consideró pertinente para Cáceres Abbate la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como residir en un lugar determinado; comparecencia mensual ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes; prohibición de salida del país sin la autorización correspondiente; caución real hasta cubrir la suma que el Juzgado correspondiente estime conveniente. Aun está pendiente la audiencia de imposición de medidas.
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Siendo herrero, ofreció servicios de plomería
Ledesma manifestó que entre los documentos incautados durante los allanamientos realizados en la sede de la Gobernación de Central, aparece una rendición de cuentas del Consejo Regional de Salud de Central (representado por Hugo Cabrera en ese entonces, también imputado), donde constan cinco facturas pertenecientes a la “Metalúrgica Cáceres”, de Juan Darío Cáceres Abbate.
El luqueño facturó por varios servicios que en puridad no habrían sido proporcionados para el Consejo Regional de Salud, cuya oficina y parque sanitario están instaladas en la institución departamental en Areguá. Se sospecha de obras fantasmas.
Según el acta fiscal, el perjuicio en el caso de Cáceres sería de G. 249.600.000 desembolsados a través de cinco órdenes de pagos a nombre del Consejo Regional de Salud.
Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001710 de fecha 25-02-2021, por G. 62.500.000 en concepto de “trabajos de mantenimiento de edificios”.
Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001711 de fecha 25-02-2021, por G. 32.400.000, en concepto de “revoque y pintura”.
Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001712 de fecha 25-02-2021, por G. 52.000.000, en concepto de “trabajos de electricidad”.
Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-0001713 de fecha 26-02-2021, por G. 57.000.000, en concepto de “trabajos de plomería”.
Orden de pago Nº 2385, factura Nº 001-001-001714 de fecha 26-02-2021, por G. 45.700.000, en concepto de “trabajos metalúrgicos”.
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Cáceres y otros presuntos proveedores “habrían prestado su colaboración a la estructura delictiva, emitiendo y proporcionando facturas que contendrían ideas que no se corresponderían con la realidad.
Es decir, los bienes y/o servicios consignados en las facturas emitidas no habrían sido prestados por los mismos, y fueron utilizadas como respaldo documental de las rendiciones de cuentas por desembolsos efectuados por parte de la Gobernación”, sostuvo Ledesma.
Hugo Javier González Alegre fue imputado junto con otras 49 personas por la presunta comisión de los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y apropiación.
Uno de los imputados, Armando Adolfo Soler Espínola, falleció en marzo de este año, por lo tanto, su causa se extinguió. Entonces, son 49 los procesados actualmente.
González Alegre y otras 14 personas ya habían sido imputados por una causa similar en noviembre de 2021 y en la actualidad cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario. El daño patrimonial en ese caso sería de casi un millón de dólares.
Hugo Javier nombró director de la Casona a Cáceres Abbate
Cáceres, durante la administración de Hugo Javier, fue designado arbitrariamente como director del Centro Cultural Departamental Casona Julio Correa. González Alegre decidió -él solo- otorgar el cargo de director “ad honorem” a su correligionario.
En ese entonces, según el presidente de la Junta Departamental, el concejal liberal Adrián Billy Vaesken, la propuesta nunca llegó a la sala de sesiones. Nuestra fuentes aseguran que Juan Darío percibía G. 5.000.000 como salario.