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Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra, cuñada y hermano, respectivamente, de Miguel Ángel Robles Ibarra, fueron imputados el pasado 26 de septiembre por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, por lesión de confianza en carácter de cómplices.
Según datos, los procesados residen en Concepción y su actividad comercial también figura en dicha ciudad del departamento de Concepción.
El presunto daño patrimonial causado por ambos imputados sería de G. 322 millones, presumiblemente. Los datos de los comprobantes solo existen en la planilla de rendición de cuentas de la Gobernación, pero físicamente no existen. Es decir, la millonaria transferencia no tiene respaldo documental.
De acuerdo al acta de imputación sobre Mercedes María y Claudio Ceferino, pesa la sospecha inicial de que habrían prestado su colaboración, emitiendo y facilitando facturas que no se corresponderían con la realidad de los hechos, en las cuales se describirían bienes y/o servicios que no habrían sido proporcionados por los mismos.
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La representación fiscal consideró pertinente la aplicación de algunas medidas cautelares, como residir en un lugar determinado, comparecer mensualmente ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes, la prohibición de salida del país sin la autorización correspondiente, y una caución real hasta cubrir la suma que el Juzgado estime conveniente. Aun está pendiente la audiencia de imposición de medidas.
Presentaron facturas sin prestar servicios
Los elementos probatorios colectados hasta la fecha sugieren que los proyectos presentados no contendrían una descripción clara de los objetivos pretendidos, las actividades a ser desarrolladas, los recursos humanos y materiales disponibles para ejecutarlos, Así tampoco tendrían la exposición detallada de los gastos a ser efectuados.
“A pesar de ello, fueron solicitados a la Gobernación del departamento Central aportes económicos para solventar los gastos, aparentemente, de los proyectos presentados. La presentación de dichos proyectos en estas condiciones, permiten inferir razonablemente que los mismos fueron presentados, estando en conocimiento de que igualmente iban ser aprobadas las transferencias de recurso, y al sólo efecto de justificar aparentemente los desembolsos que fueron efectuados”, afirmó el fiscal Ledesma en su imputación.
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Para concretar el objetivo del esquema delictivo, durante la administración del exgobernador Hugo Javier, fueron emitidas siete órdenes de pagos entre los años 2019 y 2020, a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez. Este último, también está imputado en esta y otra causa que involucra a la Gobernación de Central, para solventar la ejecución de varios proyectos.
Bogarín de Robles y Robles Ibarra “habrían prestado su colaboración a la estructura delictiva, emitiendo y proporcionando facturas que no se corresponderían con la realidad. Es decir, los bienes y/o servicios consignados en las facturas emitidas no habrían sido prestados por los mismos, y fueron utilizadas como respaldo documental de las rendiciones de cuentas por desembolsos efectuados por parte de la Gobernación”, sostiene el Ministerio Público.
Proyecto “Eco muro Central”
Según la orden de pago Nº 1274, el presunto proveedor es CRC GROUP SA cuyo representante legal es Claudio Ceferino Robles Ibarrao emitió la factura Nº 001-001-0000245 por el monto de G. 50 millones, en fecha 28-12-2019 bajo el concepto de “provisión de combustible”.
De acuerdo a la orden de pago Nº 1274, el presunto proveedor es MBR de Mercedes María Bogarín de Robles, se emitió la factura Nº 001-001-0000453 por el monto de G. 55 millones, en fecha 20-01-2020 bajo el concepto de “alquiler de vehículos”.
En la orden de pago Nº 1274, otra vez aparece MBR de Mercedes María Bogarín de Robles. La factura emitida es la Nº 001-001-0000454 por el monto de G. 25 millones, en fecha 07-02-2020 bajo el concepto de “servicio de alquiler de tractor”.
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Proyecto “Conservación y mantenimiento de ríos y arroyos”.
Según orden de pago Nº 1279, aparece CRC GROUP SA de Claudio Ceferino Robles Ibarra. El Nº de factura es 001-001-0000246 por el monto de G. 32.500.000, de fecha 15-01-2020 bajo el concepto de “servicio de flete”.
Proyecto “Fortalecimiento del sector productivo del departamento Central”
Según orden de pago Nº 1398, proveedor CRC GROUP SA ligado a Claudio Ceferino Robles Ibarra. El Nº de factura es el 001-001-0000257 por el monto de G. 70 millones, con fecha de emisión 18-02-2020 bajo el concepto de “provisión de combustible”.
Por orden de pago Nº 1398, proveedor MBR de Mercedes María Bogarín de Robles. El Nº de factura es el 001-001-0000455 por el monto de G. 50 millones, con fecha de emisión 14-02-2020 bajo el concepto de “alquiler de tractor”.
Proyecto “Boxeo KO a las drogas”
Además, según orden de pago Nº 968, proveedor CRC GROUP SA liado a Claudio Ceferino Robles Ibarra. El Nº de factura es el 001-001-0000247 por el monto de G. 40 millones, con fecha de emisión 20-01-2020 bajo el concepto de “servicio de traslado”.
Familiares del “maletinero de Puertos”
Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra, son cuñada y hermano respectivamente de Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor del exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre. Incluso lo llamaban el “gobernador de facto”.
Miguel Ángel, protegido del exsenador Víctor Bogado (ANR cartista) fue también conocido como el “maletinero de Puertos”, mientras ocupaba el cargo de administrador de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Chaco´i. En 2008, fue imputado por soborno agravado tras ser filmado con cámara oculta ofreciendo dinero en maletín al entonces titular de Puertos, Albino González.
Desembolsó dinero público pese a falencias
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el exgobernador Hugo Javier González Alegre, imputado, estaba en pleno conocimiento de la falta de documentos reglamentarios en los 51 proyectos, pero igualmente, desembolsó millonarios fondos a cuatro oenegés durante los años 2019 y 2020, con la complicidad de los funcionarios y supuestos proveedores.
Hasta ahora, la Fiscalía afirmó que existe un daño patrimonial de más de G. 18.300 millones. Según evidencias incautadas, más de G. 828 millones corresponden a facturas presumiblemente clonadas. Más de G. 14.203 millones corresponde a facturas emitidas en concepto de bienes y/o servicios presumiblemente no proveídos ni prestados. Por otro lado, más de G. 3.352 millones supuestamente ejecutados no tienen respaldo documental.
La Fiscalía sospecha que durante la administración de González Alegre, se creó un esquema para delinquir desde la institución departamental, violando reiteradamente las normativas que regulan las transferencias de fondos públicos.