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El relator especial de las Naciones Unidas en sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, presentó esta mañana un informe preliminar sobre la situación del Paraguay en materia ambiental, resultado de su visita al país del 3 al 14 de octubre de este año.
El documento, que será presentado de forma más completa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en setiembre del 2023, brinda una apreciación general sobre gestión ambiental, manejo de residuos, uso de defensivos agrícolas y minería.
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El reporte de Orellana, si bien felicita al Gobierno por la firma de acuerdos internacionales y por tener “una buena base de leyes ambientales”, enfatiza la falta de cumplimiento de la mayoría de ellas, lo que genera “desprotección de las personas frente a riesgos ambientales, particularmente en el ámbito de la extracción agroindustrial.
El representante de la ONU indicó que el país tiene la oportunidad de afrontar estos problemas, porque de no hacerlo, corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que buscan, cada vez más, asegurar cadenas de suministro respetuosas del ambiente y los derechos humanos.
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Añadió que es responsabilidad del Estado paraguayo proteger a su población y “restringir la importación de pesticidas peligrosos”, muchos de los cuales, incluso, están prohibidos en sus países de origen.
Representante exhorta a ratificar acuerdo Escazú
Con relación al Acuerdo Escazú recomendó que nuestro gobierno lo ratifique “de inmediato (...) a modo de fortalecer capacidades a todo nivel para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”. Añadió que esto aseguraría mejor acceso a la información y espacios de participación significativa en la toma de decisiones ambientales, y fortalecería mecanismos de acceso a la justicia ambiental.
Orellana refirió que preocupa “de sobremanera” la desinformación en relación al tema. “Es particularmente alarmante el rol que han jugado el Arzobispado de Asunción y ciertos sectores empresariales en Paraguay en difundir información falsa sobre el Acuerdo”, remarcó.
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Sobre el acceso a la justicia social, el representante de la ONU agregó que es alarmante recibir información sobre vulneraciones contra defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes indígenas y campesinos, muchos de los cuales son frecuentemente imputados por el Ministerio Público. “Me preocupa la utilización del derecho penal como instrumento de represión de la protesta y la articulación social”, afirmó.
En cuanto a gestión ambiental, Orellana indicó que la Corte Suprema de Justicia ha obstaculizado la aplicación de legislación ambiental a través de medidas cautelares que mantienen un status quo contaminante. Comentó que tres claros ejemplos son la importación de neumáticos usados, de automóviles usados, y la proliferación de gasolineras en el radio urbano de Asunción.
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Respecto al trabajo del Ministerio del Ambiente (Mades) refirió su escasa capacidad para medir contaminantes emitidos al aire, así como la fiscalización de los que pudieran considerarse delitos ambientales.
El relator de las Naciones Unidas también emitirá informe sobre la gestión de residuos sólidos y líquidos, el uso de defensivos agrícolas y sus consecuencias en comunidades vulnerables.