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El 25 de agosto, el colegio privado de Lambaré remitió un mail a las familias de los chicos supuestamente vinculados al supuesto caso de abuso sexual dentro de la institución, que saltó a la luz entre abril y mayo pasado. En el documento se recuerda que el contrato de los servicios educativos es anual y establece que la institución educativa “tiene la facultad de no conceder matrícula para un próximo curso lectivo cuando exista una recomendación motivada o razonada de la Dirección”.
“Lamentamos comunicarles que por razones de seguridad y en protección del interés superior de su hijo, el Colegio ha decidido no renovar matrícula para el curso lectivo 2023″, indica el mail, firmado por la directora del colegio privado, Nelly Varela.
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“Las inéditas situaciones presentadas durante este curso lectivo que han sido de excesivo conocimiento público, han significado que se presenten amenazas directas e indirectas en contra de su hijo, las que han sido contenidas en todo momento por la institución”, añade el correo electrónico.
Acto seguido, la dirección del colegio afirma: “No podemos afirmar que él haya tenido algún tipo de relación con los hechos que siguen en trámite ante las diferentes autoridades judiciales, pero las insinuaciones y comentarios negativos no han cesado, por lo que resulta inconveniente que él continúe en el Colegio para el próximo curso, debido a que sería exponerlo irresponsablemente a cualquier tipo de represalia provocada por el pésimo manejo público que la Fiscal a cargo ha dado a este asunto”.
Agresiva postura de familias, es un riesgo, dice el colegio
“Permitir que su hijo siga como estudiante regular de nuestro colegio a pesar de conocer la agresiva postura de muchas familias constituye un riesgo que ni la Institución ni ustedes como familia debemos asumir”, señala otra parte de la notificación.
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Según fuentes del colegio, esta notificación habría sido remitida a dos familias, que recurrieron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para preservar el derecho a la educación de sus hijos.
Específicamente, una de las familias, bajo patrocinio de abogado, solicita al MEC que se requiera información a la institución educativa sobre los antecedentes del hecho investigado, intervenir en la decisión de no renovar la matrícula, y en caso necesario ayudar en la búsqueda de una nueva institución donde no se estigmatice al alumno ni se provea información inexacta respecto a su condición de buen estudiante.
La directora general de Desarrollo Educativo del MEC, Zulma Morales, confirmó que recibieron dos casos. “En el ministerio, estamos en diálogo con el colegio, con las familias, saber cuál es la postura del colegio, por qué ellos asumen esa condición de inseguridad con este estudiante. Estamos todavía en ese proceso, donde todavía no hemos cerrado nada”, señaló.
MEC no puede obligar al colegio a mantener matrícula, afirman
“Estamos en el proceso, pero sí resaltar que el ministerio no tiene la potestad de obligar a un colegio privado, porque tiene su contrato”, agregó Morales. Aseguró que el derecho a la educación no está siendo vulnerado. “El derecho a la educación del niño no se está afectando porque ellos avisan antes del inicio de un nuevo periodo, como para que el padre tenga la oportunidad de que este chico se vaya a otra institución educativa”, remarcó.
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La directora del MEC explicó que la familia de uno de los chicos recurrió a la Justicia con un recurso de amparo, que salió a favor del colegio, como empresa privada, en primera y en segunda instancia. “En esos casos nosotros actuamos como mediadores de la familia con otra institución educativa de carácter privado que ellos quieran optar. El Ministerio de Educación y Ciencias pone a disposición total todas las instituciones de carácter oficial que tiene a su cargo”, detalló.
“Nosotros le garantizamos el derecho a la educación con la continuidad en el sistema educativo. Ahora, lo que no podemos hacer es obligar a la empresa a recibir a un niño cuando su propia familia firmó un documento diciendo que estaba de acuerdo que si querían cortar la matriculación, podrían haberlo hecho”, añadió.
Respecto a la presunción de inocencia de los chicos, Morales afirmó que eso lo determina la Justicia, ya que para el MEC, “todos los estudiantes tienen el derecho de recibir educación, sean inocentes o no, garantizamos para ambos la continuidad de la educación”.
Fiscalía todavía perita circuito cerrado
Así también, Morales afirmó que este año ya hubo otros alumnos del colegio de Lambaré que fueron a otras instituciones educativas y estudian allí sin inconvenientes, sin represalia alguna.
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Entretanto, la fiscala del caso, Miriam Rodríguez, señaló hoy que actualmente se encuentran con diligencias de extracción de datos del circuito cerrado del colegio, siendo la fecha para requerimiento conclusivo, el 6 de noviembre.
Rodríguez indicó que hasta ahora no hay ningún procesado como autor material, pero sí hay indicios de autoría de las tres docentes, imputadas por violación del deber del cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal y violación de la Ley sobre prevención de casos de abuso sexual.
Llamamos al colegio para saber su posición. Preguntamos por la directora, Nelly Varela. Informaron que ella devolvería la llamada posteriormente. Estamos abiertos a recibir la postura de la institución educativa cuando lo considere oportuno.