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En el contexto del Día de la Resistencia Indígena, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a través de su Observatorio sobre Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentó un informe detallado sobre la situación en que viven actualmente los pueblos originarios.
En primera instancia, los datos reflejan que 74 de cada 100 niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. Este porcentaje equivale a la cifra de 29.888 personas.
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En otro orden, el informe se refiere a la inversión en tierras por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que ha experimentado recortes graduales y considerables en su presupuesto, que pasó de G. 66.000 millones en 2018 a G. 20.878 millones en el 2021. Esto representa una disminución presupuestaria del 68% en el periodo de tiempo mencionado.
El presupuesto del Indi dedicado a la obtención de tierras es insuficiente y se hace necesario señalar que el contexto actual de desalojos ilegales de las comunidades deja en situación de calle a centenares de familias.
Disminuye presupuesto para desarrollo social y afecta a la población indígena
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) presentó también recortes en su presupuesto, específicamente en el destinado a la regulación de territorios sociales. En el 2018, el presupuesto para este rubro ascendía a G. 7.602 millones, con disminuciones interanuales del 24%, 25% y 19% en los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente.
En educación, a pesar de las consecuencias que acarreó la ausencia de clases en aulas debido a la pandemia del COVID-19, la difícil adecuación pedagógica de los docentes, padres y estudiantes y la pérdida de dos años en términos de aprendizaje, el presupuesto fue disminuido en 2021 en un 8% con respecto al 2020.
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Salud: aumento presupuestario no se reflejó en otras enfermedades
Con respecto a la inversión en salud, si bien el presupuesto aumentó un 54% en el 2020 (en comparación con el 2021), debido a la urgencia de disponer de camas de terapia para enfrentar el COVID-19, la inversión se concentró en las zonas urbanas y se dejó de lado servicios de salud para otras enfermedades, que también eran necesarios.
Es por eso que persisten las deficiencias estructurales en cuanto a servicios de salud y ambulancias en las comunidades más lejanas. Finalmente, la brecha de acceso a derechos se acentuó para las poblaciones pobres durante la pandemia.
Programas de lucha contra la pobreza
Paraguay ha venido extendiendo su principal programa de lucha contra la pobreza, que es el de transferencia monetaria condicionada “Tekoporã”. Desde el 2018 aproximadamente, este programa cubre la totalidad de la población indígena. También las familias reciben otro fondo de asistencia denominado Tenonderã, que pretende ser una continuidad de Tekoporã con estrategias de salida de la situación de pobreza.
Según el MDS, en el 2020 y 2021, Tekoporã llegó a 29.600 hogares en promedio, con un apoyo por hogar de G. 450.000 cada 2 meses.
Entretanto, las familias pertenecientes a comunidades indígenas perciben un bono de un monto único de G. 225.000.
En cuanto a pensiones a adultos mayores de los pueblos indígenas, según el Ministerio de Hacienda, alcanza a aproximadamente 5.430 personas. La mayor cantidad de beneficiarios se concentran en los departamentos de Presidente Hayes, con 1.551, y de Boquerón, con 1.544.
En la última encuesta realizada a la población indígena se evidencia que en 2017, el 66,2% vivía en condición de pobreza, mientras que el 34,4% en pobreza extrema. La brecha de pobreza total es de 49,8%.
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Severidad de la pobreza
Por otra parte, la severidad de la pobreza, que mide el nivel de desigualdad entre los pobres totales, alcanza un 19,7% para la población indígena, mientras que en el mismo año, el valor para la población en general fue de 3,8%.
En el 2021, el número de familias pertenecientes a comunidades indígenas que recibieron Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC) ascendió a 30.122, habiendo superado así la estimación del 2017 por parte del Instituto Nacional de Estadística, donde se exponía la existencia de 26.422 jefaturas de hogar.
Indígenas solo sobreviven sin solución real
Lo preocupante de estas cifras es su estabilidad: parecería que los pueblos indígenas no logran salir de su condición de pobreza y que, de alguna manera, son empujados a sobrevivir con dichas transferencias.
Inversión en salud
La inversión en salud tuvo un descenso, específicamente en los proyectos de accesibilidad de agua potable para comunidades indígenas del 2020 al 2021, pasando de G. 117.159 millones a G. 109.737 millones, luego de un aumento del 52,12% en el 2020 con respecto al año anterior.
Presupuesto exiguo
La Dirección de Salud indígena tuvo presupuesto propio recién desde el 2021, siéndole asignado un monto de G. 1.164 millones aproximadamente.
Adicionalmente, el presupuesto del Hospital de Limpio, asignado para la atención de personas de comunidades indígenas, ha experimentado recortes paulatinos en los últimos años. En el 2021, la disminución fue de un aproximado de G. 2.117 millones, siendo este el mayor recorte en los últimos cuatro años.
Inversión para educación: menor a 1% del presupuesto
Además, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desarrolló una Dirección de Educación Indígena, que cuenta con un presupuesto insuficiente para cumplir con su objetivo: su presupuesto representa el 0,06% del presupuesto total del MEC, el cual presentó recortes del 7,7% y 2,1% para los años 2020 y 2021, respectivamente.
El alcance de la Dirección General de Educación Indígena era, en el 2019, de 31.280 matriculados pertenecientes a 20 pueblos indígenas y 711 comunidades indígenas y aldeas. Por otro lado, hay 2.282 docentes en 670 instituciones educativas indígenas (522 escuelas, 60 colegios, 76 centros).
En total, son 2.467 funcionarios indígenas y no indígenas interviniendo en el sector educativo. Se estima que el 73% de las comunidades indígenas cuentan por lo menos con instituciones escolares de Educación Escolar Básica, al menos a partir del 2019.